El equipo de gobierno del PP de Antequera denuncia el bloqueo del nuevo cuartel de la Guardia Civil de Antequera que «representa una parálisis institucional insostenible provocada por la inacción deliberada del Ministerio del Interior y el Gobierno central», lo que lo ha convertido en un «monumento a la ineficacia del gobierno socialista de Pedro Sánchez», según denuncia el alcalde Manuel Barón.
Así, expone que «pese a que la administración municipal ejecutó puntualmente todos los requerimientos técnicos y administrativos —incluyendo la segregación, tasación diferenciada de suelo e inmueble, y una inversión municipal superior al millón de euros para compensar a la constructora original—, el expediente permanece detenido en la Dirección General de Patrimonio del Estado sin resolución. Esta parálisis no sólo perpetua unas condiciones laborales y de habitabilidad precarias para los efectivos del cuerpo en su sede obsoleta, sino que mantiene un solar degradado en pleno casco urbano frente a proyectos equivalentes ya ejecutados en municipios vecinos. Nosotros nos negamos a aceptar este agravio comparativo contra Antequera y exigimos la firma inmediata del acuerdo».
Recordó que en 2018 el Ministerio del Interior consignó formalmente la partida presupuestaria para acometer la remodelación de la infraestructura. Ante la falta de avances, el gobierno local notificó la intención de destinar el edificio a vivienda pública, lo que forzó una reunión con la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado (GIESE) para pactar la solución definitiva.
El Pleno municipal aprobó las instrucciones de la Abogacía del Estado para tasar de forma independiente el suelo y la estructura construida, remitiendo y publicando los acuerdos requeridos. El expediente fue derivado a Patrimonio del Estado sin que el Gobierno en funciones haya emitido la firma resolutiva tras el fin de la legislatura.
Los agentes continúan operando en las instalaciones deterioradas de la Alameda, donde solo se ejecutaron intervenciones cosméticas de pintura exterior de escasa efectividad. La ciudad mantiene inmovilizados más de un millón de euros aportados para liquidar la relación con el Grupo Vera, además de ceder gratuitamente la parcela sin recibir la compensación urbanística acordada. La estructura inacabada permanece como un elemento insalubre entre los juzgados y la Comisaría de la Policía Nacional, contrastando con la culminación de cuarteles en localidades como Cártama y Alhaurín.
El último paso municipal se dio el pasado 28 de julio de 2026, cuando el Consistorio envió en cinco días un exhaustivo informe técnico y urbanístico solicitado por la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado (GIESE). Desde entonces, el expediente permanece guardado en un cajón en Madrid, sigue el regidor municipal.
