El PSOE se posiciona con la reforma de la Ley de Dependencia y Discapacidad como el eje central de su compromiso social y electoral frente a los bloqueos de gestión regional, según expusieron este miércoles en la Biblioteca de San Zoilo, previo a una mesa redonda con colectivos sociales.
Asistieron el secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, del secretario de organización José Bernal y el candidato al Senado, Javier García León, junto a Estefanía Martín, José Luis Escobar y Rosi Trillo, que forman parte de colectivos relacionados con el tema de la mesa redonda, además del portavoz local José Luis Ruiz Espejo y otros miembros.
Aludieron a que el 23 de octubre entró en vigor las modificaciones de la Ley de Dependencia y de Discapacidad que se aprobaron y que se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 3 de octubre. «Es importante lo que contempla la modificación de estas leyes para todo el sector de la dependencia de la discapacidad, que como saben completa una parte importante de las entidades que conforman el tercer sector y queríamos aprovechar para explicar en qué van a afectar esas modificaciones a las entidades y también a las personas, qué supone y cuál es en este momento la realidad del tercer sector y de estas entidades».
Así, en primer lugar, «cambia el enfoque para centrarlo en la persona para todos los servicios y prestaciones en el ámbito de la dependencia y la discapacidad». En segundo lugar, «reduce la burocracia y simplifica los trámites y reduce los tiempos para resolver todos los servicios y prestaciones en el ámbito de la dependencia». Y en tercer lugar, «considera los derechos de las personas cuidadoras, ampliando los mismos y contemplándolos también como uno de los agentes importantes en el ámbito del sector de los cuidados dirigidos a la dependencia y la discapacidad».
La entrada en vigor de las modificaciones legales aborda directamente la crisis de las listas de espera —que actualmente superan los 450 días— al desburocratizar trámites, ampliar los derechos de las personas cuidadoras y garantizar un modelo de atención centrado en la persona, exponen los socialistas.
Esta actualización regulatoria viene blindada con una asignación presupuestaria estatal del 50% del gasto total, inyectando fondos extraordinarios a las comunidades autónomas. «Asumimos la responsabilidad política de garantizar que la dependencia sea un derecho subjetivo real y no una promesa vacía sobre el papel, eliminando cualquier justificación administrativa o presupuestaria en Andalucía para dejar desatendidas a las personas dependientes», insistieron.
