La portavoz de IU, Pilar Ruiz, defendió en el Pleno de Presupuestos del Ayuntamiento de Antequera su negativa a su aprobación por ser un proyecto con desequilibrio entre el crecimiento del gasto corriente y la inversión real, al tiempo que expone alternativas centradas en el acceso a la vivienda, juventud, cohesión territorial y transparencia en la ejecución presupuestaria.
Más allá de la dimensión puramente contable y técnica, Ruiz abogó por enfocarlo para constituirse como la declaración de intenciones política más relevante del año, definiendo el modelo de ciudad que se proyecta. «La legitimidad institucional y la pertenencia de Antequera no corresponden en exclusiva a ningún partido político ni comenzaron en 2011 con la llegada del Partido Popular al gobierno». Así, defendió que «la ciudad pertenece a la totalidad de sus vecinos y vecinas». La mayoría absoluta otorga la capacidad ejecutiva para aprobar acuerdos, pero «no confiere infalibilidad a las decisiones ni sustituye la necesidad del debate democrático».
En este marco, delimita con claridad la función de la oposición como un ejercicio imprescindible de fiscalización responsable y representación de quienes les otorgaron su voto, «rechazando la idea de que discrepar signifique una falta de compromiso con el municipio». La gestión pública no debe evaluarse únicamente por la solvencia en el pago de facturas o la ostentación de cifras globales, sino por su capacidad de generar condiciones de vida dignas para la diversidad social del municipio. Para ello, la portavoz del grupo en la oposición, pide que se tengan en cuenta «desde las personas mayores que viven solas y las trabajadoras que concilian empleo y cuidados, hasta los jóvenes en precariedad, comerciantes, agricultores y la propia plantilla municipal».
Gasto corriente frente a inversión real
Ruiz expuso que el «análisis de las magnitudes presupuestarias evidencia una evolución asimétrica entre los recursos destinados al funcionamiento ordinario y los dirigidos a la transformación estructural del municipio». Así, el presupuesto municipal pasa de 53.660.968 euros en 2026 a 59.725.240 euros en 2027, lo que representa un incremento neto de 6.064.272 euros (un 11,3% aproximadamente).
Mientras que el gasto consolidado en bienes corrientes y servicios experimenta un incremento de 4.109.090 euros (un 17,2%), subiendo de 23.929.430 euros en 2026 a 28.038.520 euros en 2027. Pero critica que las inversiones reales consolidadas, descienden de 5.736.256 euros en 2026 a 5.596.087 euros en 2027, lo que supone una merma de 140.169 euros. Se reducen por tanto de 4.966.256 euros en 2026 a 4.705.000 euros en 2027.
Demanda una justificación técnica detallada que aclare qué parte del incremento en gasto corriente obedece a revisiones ineludibles de costes y ampliaciones contractuales, y cuánto responde a decisiones discrecionales del equipo de gobierno, aclarando qué proyectos de inversión se han pospuesto.
Demandas en Políticas Públicas
Pilar Ruiz alzó la voz y propuso medidas que subsanen las deficiencias en áreas clave de la acción municipal. Así, en vivienda, frente a una asignación en gasto corriente de 253.000 euros en 2027 calificada como insuficiente, se reclama la puesta en marcha de un plan municipal de vivienda asequible al amparo de las competencias locales (Ley 7/1985 y Ley 5/2010), que contemple un inventario de suelo municipal, promoción de VPO en régimen de alquiler y programas de rehabilitación.
En cuanto a Juventud y Cultura considera que con una asignación de 210.211 euros en 2027 —frente a una partida de festejos aproximadamente 5,5 veces superior—, se evidencia una carencia de oferta estructural. Se propone reactivar el Consejo Local de Juventud, potenciar iniciativas culturales independientes como Mollete Kolectiv, dinamizar espacios como la Plaza de Toros o el auditorio del mapa y restablecer las plazas públicas de deportes para adultos en horario de tarde.
La portavoz de IU exige intermediación ante el Consorcio de Transporte para habilitar un sistema anticipado de reserva de billetes de autobús hacia Málaga y mejorar el estado de la estación de autobuses. Y en cuanto a empleo, ante una cifra de 2.023 personas desempleadas (con incidencia mayoritaria en mujeres y mayores de 45 años), la dotación de 1.591.786 euros en empleo debe vincularse a métricas de inserción real y apoyo a la economía social.
En servicios sociales, de los 13.765.316 euros, exige incorporar indicadores de calidad y tiempos de respuesta. En igualdad y equidad, 381.141 euros, reclama un enfoque transversal contra la violencia machista e inserción sociolaboral. En Medio Ambiente y Comunicación, con 90.132 euros en Medio Ambiente, se pide una estrategia integral frente a la sequía y la gestión hídrica. Asimismo, ante un gasto conjunto de 1.449.150 euros en festejos y comunicación, reclama desvincular la publicidad institucional del personalismo político.
Transparencia en la ejecución
La articulación de los anejos, dotada con 934.160 euros en 2027, requiere superar el enfoque asistencialista y las visitas institucionales puntuales. Se plantea la ejecución de un plan plurianual de infraestructuras, transporte y servicios de proximidad definido mediante procesos de participación vecinal, evitando la brecha territorial en el término municipal.
En el ámbito de la gestión financiera, no entiende cómo tras gobernar de forma continuada desde 2011, el equipo de gobierno no se responsabiliza de los problemas estructurales vigentes y atender la «deuda social acumulada en vivienda, empleo y cohesión territorial, en lugar de recurrir a la deuda heredada de corporaciones anteriores». Asimismo, subraya que el cumplimiento formal de las reglas fiscales (derivadas de la Ley Orgánica 2/2012 aprobada por el Partido Popular) avala la legalidad presupuestaria, pero no garantiza la idoneidad ni la equidad distributiva del gasto. Finalmente, propuso habilitar un portal de rendición de cuentas accesible donde la ciudadanía pueda auditar periódicamente el estado de ejecución real, plazos y desviaciones de las inversiones comprometidas.
