A lo largo de los últimos años, los opositores más veteranos, hemos podido comprobar el mal hacer de la Dirección General de la Función Publica Andaluza en el tema de la selección del personal. Años sin oferta de empleo. Incumplimientos reiterados de plazos de las ofertas de empleo. Actuaciones discrecionales y arbitrarias de las comisiones de selección. Indefensión de los opositores que, a veces, han tenido que acudir a la manifestación ciudadana y a la prensa para expresar sus quejas, y, en general, a una absoluta falta de transparencia en los procesos. Planificación inexistente y penosa gestión en general de los procesos.
Hemos asistido a esperpentos como el de aprobar a millares de personas en exámenes sin nivel alguno, para poco tiempo después, en un giro de 180 grados, llegar al caso de aprobar solamente a dos personas, quedando un centenar de plazas libres (A12), y a dejar vacantes la mitad de las plazas (A11) como consecuencia del planteamiento errático de un examen. Hemos asistido también al solapamiento de los procesos selectivos, solapamiento interesado que ha provocado el que algunas personas hayan obtenido varias plazas a la vez y muchas otras hayan quedado sin plaza alguna, a pesar de la chapuza de las listas complementarias. Intolerable resulta que una persona que aparezca repescada en una lista complementaria, obtenga en cambio mejor destino que los aprobados originariamente.
Hemos comprobado, al contrario, con sorpresa, cómo ciertos exámenes que contenían preguntas desatinadas (anzuelos de barcos en el A11) después, sin embargo, eran superados por un numeroso grupo de personas y además con buenas calificaciones, así como a procesos en los que algunos opositores, rayando la perfección, obtenían 109,50 puntos sobre 110, cuando la media general no pasaba de 65 puntos.
Mientras tanto las bolsas de trabajo que alimentaban la esperanza de muchas personas han sido manejadas de manera arbitraria y caprichosa, inventando ridículos «reglamentos» sancionadores, y adjudicando los peores destinos a los primeros de la lista, para «reservar» las mejores plazas para cuando interesara ofrecerlas, sin que existiera la mínima transparencia en el procedimiento.
La indefensión de los interesados a lo largo de estos años ha sido manifiesta, no se sabía en que momento del proceso se podía alegar y si se podía alegar, y las comisiones han hecho de su capa un sayo. Se sometía a los opositores a la tortura de exámenes de más de tres horas de duración, que volvían a repetirse en la misma tarde unas horas después. El respeto por la legalidad de los procesos ha sido la excepción. En algunos casos se ha llegado a la barbaridad de, una vez terminada la fase de concurso, ignorando el procedimiento establecido, anular de nuevo preguntas de un examen realizado un año antes y volver a sacar una nueva lista de aprobados (selección de laborales del grupo I: Psicólogos y Titulados Superiores), con absoluto desprecio a los principios de legalidad y seguridad jurídica.
Mientras tanto contemplamos a comisiones incompetentes, incapaces de plantear una prueba medianamente decente, no ha habido examen que haya quedado indemne después de celebrado, con preguntas declaradas nulas o respuestas corregidas, la mayoría de las veces «caprichosamente». Comisiones que aplicaban cada una norma diferente y contradictoria, si que existiera la mínima coordinación por Función Publica.
Tal era el caos, y tan alto era el nivel de chapuza de sus actuaciones, que la fama de los rectores de la función publica andaluza transcendió fuera de nuestra Comunidad. Éramos el hazmerreír, el ejemplo de las malas prácticas y de la incompetencia utilizado, al parecer, en algunas facultades universitarias españolas como la Politécnica madrileña.
Confiábamos con la asunción de estas competencias por parte del Instituto de Administración Publica, todo esto iba a cambiar y que a iba a suponer sino un cambio radical si una mejora notable en la gestión. Que la profesionalización, que pregona el Estatuto del Empleado Publico, llegaría por fin a la función Publica Andaluza. Que la transparencia se instalaría por fin en los procesos selectivos. Nada más lejos de la realidad.
Ha bastado que haya trancurrido apenas un año, desde que el IAAP se hiciera cargo de nuevo, para comprobar que continúan los mismos vicios y que el desatino sigue instalado en los procesos selectivos. (…)
Más importancia tiene aun el nuevo «invento» de establecer, a posteriori, una vez celebrado el examen un nuevo «corte» para el aprobado. Esta media si podría ser beneficiosa para el caso contrario, es decir bajar el corte y evitar lo sucedido en oposiciones anteriores que quedaron plazas vacantes. Es injusto y arbitrario establecer un «corte» superior al previsto en la convocatoria una vez celebrado el examen. La seguridad jurídica de todo el proceso queda en entredicho. (…)
Y de todo esto el máximo responsable no es sino el Sr. Secretario General para la Administración Pública por su manifiesta incapacidad para ordenar la gestión de los procesos selectivos del personal en nuestra Comunidad Autónoma, por el absoluto desprecio a la legalidad y a los derechos de las personas que quieren acceder a la función pública y por tolerar la arbitrariedad y las actuaciones intolerables de sus órganos subordinados.
FRANCISCO JAVIER MORENO CASTEJÓN
