El alcalde de Antequera, Manuel Barón, ha participado este lunes 26 de enero en la Tribuna de Alcaldes de Diputación Provincial de Málaga, donde ha pedido que el Estado muestre una posición “clara, responsable y plenamente institucional” con respecto a las competencia municipales para la realización de los exámenes del carné de conducir.
En su intervención, el primer edil ha manifestado su agradecimiento a Diputación por el compromiso con la ciudad para que los jóvenes de Antequera y comarca puedan realizar estas pruebas aquí, asumiendo los costes de esta adaptación. Pero ha hecho hincapié en que “no puede ocultar una realidad evidente: se ha cambiado el pagador, pero no al responsable, que sigue siendo el Gobierno de España”.
Asimismo, ha recordado que en el Consistorio que preside, se negó a asumir los costes de esta adaptación al servicio, ya que es competencia del Estado, basando esta respuesta en el principio de que las entidades locales no deben financiar competencias que no les corresponden.
Desde el atril, además, ha cuestionado la actuación del Grupo Socialista en la Diputación Provincial, señalando la contradicción existente entre sus posicionamientos políticos, criticado que por un lado se reclame a Diputación que retire o limite las transferencias de los Planes de Asistencia Económica Municipal (PAEM) a los municipios de mayor población; y por otro, se exija a esta institución que asuma el coste de un servicio estatal en una ciudad como Antequera, con más de 20.000 habitantes.
Ha puesto el acento en que “no se puede defender la ordinalidad para unos territorios y negarla para otros, ni hacer demagogia con una supuesta ‘justicia financiera’ cuando interesa y olvidarla cuando conviene”. En este sentido, ha insistido en que la política no puede ejercerse “con geometría variable según el interés partidista del momento”. “El problema no es de recursos, sino de prioridades y de coherencia política”, ha dicho.
Finalmente, el regidor ha reiterado que desde Antequera se defenderán siempre los intereses de sus vecinos, la igualdad entre municipios y el respeto al reparto competencial, “gobierne quien gobierne”, reclamando rigor, coherencia y lealtad institucional al Gobierno de España y a quienes lo sustentan en otras administraciones.
