La Junta de Andalucía asfalta de urgencia los tramos más problemáticos de la carretera de entrada a la ciudad por el Romeral, mientras que el Ayuntamiento de Antequera insiste en la dejadez de responsabilidad del Gobierno de España que insisten es el titular de la misma, según comunica el alcalde Manuel Barón.
Tras el deterioro acuciado tras las persistentes lluvias de las últimas semanas, se está procediendo al arreglo de amplios y peligrosos socavones que se llevan padeciendo desde hace meses, sin que las administraciones estatal y autonómica se pongan de acuerdo en de quién es el titular y responsable de su mantenimiento. La Junta y el Ayuntamiento dicen que es del Gobierno, pidiéndole que la ceda para mantenerla; y el Gobierno que es la administración autonómica.
Mientras que se ponen de acuerdo o alguien lo esclarece contundentemente, los conductores verán cómo al menos se superan los grandes desniveles y peligro al conducir por estas zonas, sobre todo cuando llueve y no se perciben los cambios de nivel. Este jueves, el alcalde Manuel Barón ha compartido con los medios de comunicación en rueda de prensa que la Junta de Andalucía ha iniciado al arreglo urgente para garantizar la seguridad en la A-7282, exigiendo al Ministerio de Transportes que asuma su responsabilidad.
Barón lamenta que ante la negativa de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de reconocer la titularidad del tramo de la A-7282 comprendido entre el enlace 102 de la A-45 y la glorieta de conexión con la N-331 y actuar en el mismo, la Delegación Territorial de Fomento de la Junta de Andalucía en Málaga ha iniciado labores de mejora para garantizar la seguridad de los usuarios y evitar mayores perjuicios a los antequeranos.
Barón insiste en que “este Ayuntamiento ha trasladado formalmente y por escrito al Ministerio de Transportes la actuación para garantizar su correcto mantenimiento y la seguridad vial”, contestando este Ministerio su negativa a asumir su responsabilidad de dicho tramo. El Alcalde expone que “las últimas lluvias han provocado un empeoramiento muy significativo del firme, agravándose los baches, arrastres y zonas especialmente peligrosas para la circulación, lo que hace excesivamente arriesgado transitar por esta carretera, utilizada diariamente por numerosos vecinos”.
Considera que “no podíamos permanecer impasibles ante una situación que llevamos denunciando desde el pasado año 2025 y que está generando tanta inseguridad y perjuicios directos a los antequeranos mientras el titular de la carretera se niega a actuar sin reconocer su responsabilidad. Nuestra obligación es defender los intereses de la ciudad y exigir responsabilidades a quien corresponda”.
Además, apunta que actualmente permanece cortado el acceso por la carretera de El Romeral debido a labores de mantenimiento tras desprendimientos ocasionados por las propias lluvias, lo que incrementa la afección al tráfico y a los vecinos que tienen que transitar por esta vía. “Con uno de los accesos cerrados, la presión sobre este tramo es aún mayor, lo que hacía imprescindible una actuación inmediata”.
Barón agradece a la Delegación de Fomento de la Junta en Málaga las labores de mejora para paliar la situación, insistiendo en que “lo prioritario es la seguridad de las personas, aunque seguiremos reclamando al Ministerio que asuma la titularidad y las responsabilidades que le corresponden”.
Sobre la titularidad, Barón denuncia que el Estado «se desentiende total y absolutamente» de esta vía tan transitada y se contradice ya que «por un lado dicen que fue cedida en 1984 y luego que en 2015 se sentaron de nuevo para hacer la cesión del tramo». Todo tras un informe de la Abogacía del Estado, que evidencia que está confundida tras la respuesta por la solicitud formal que se le remitió al Ministerio para que actuase en la carretera.
Pase lo que pase, Barón recuerda que la Junta de Andalucía la quiere y está dispuesta a arreglarla, pero pide que se le responda. LA consejera Rocío Díaz, solicitó la cesión del tramo para llevar a cabo las obras definitivas el pasado mes de diciembre. también elevó en su día el asunto al Defensor del Pueblo.
