Bueno, pues llegó el día y el presidente catalán Arturo Mas reunió a sus parlamentarios, para exponerles, «iniciar el proceso para hacer efectivo el ejercicio del derecho a decidir para que los ciudadanos y las ciudadanas de Cataluña puedan decidir su futuro político colectivo», añadiendo que iniciaba los trámites para entrevistarse con el presidente del Gobierno español, es decir, con SU presidente, según dice la prensa.
Listo como el hambre, en su discurso no hubo ni una referencia al derecho de autodeterminación, que era lo que pretendía, pero que no tiene cabida en un Estado «legítimamente constituido», derecho perfectamente descrito en el Derecho Internacional, que, en todo caso, afecta a las antiguas colonias (nos viene a la memoria, casi sin querer el nombre de Gibraltar), territorios colonizados y pueblos oprimidos, preocupación de la ONU.
Ese concepto de autodeterminación, lo había utilizado hace casi una década, el llamado Plan Ibarreche, y se estrelló en el Congreso de los Diputados. Y aun así, el Parlamento de Cataluña, de forma tan solemne como inútil, se había pronunciado, con anterioridad, a favor del derecho de autodeterminación en cuatro ocasiones. Nadie niega a los catalanes que se empeñan en esa tontería –porque no todos los catalanes piensan lo mismo, ni mucho menos, y no faltan quienes, como muchos españoles, piensan que es una huida hacia delante del señor Mas, para hacer olvidar su último y reciente fracaso en las urnas al que no hace caso, ignorando absurdamente el mensaje que los catalanes le enviaban–, porque el problema de esta situación, no es reclamar el derecho a decidir, sino considerarlo antesala a la reclamación de un Estado propio, por la misma razón que nadie se pelea por entrar un restaurante si no es para comer.
Total, que Mas, ya no habla de derecho de autodeterminación sino de «derecho a decidir», cosa que reconoce el Estado y ejercen los españoles para la formación de la voluntad popular en régimen de democracia representativa, a escala nacional, autonómica y municipal, pero «lo otro» es una violación de la legalidad de una institución del Estado, y eso no lo deben permitir ni el Gobierno, ni las Cortes, ni los Tribunales, en que residen los tres poderes del Estado, basándose en una Constitución en la que queda claro que la unidad de España es intocable, indivisible, inviolable. Parece que se les olvidaron esos título de la Carta magna española a los nacionalistas, tanto de derechas como de izquierdas, habiéndose descolgado de ello los socialistas que, de esta forman ¡menudo peso quitan de encima al señor Rubalcaba!, pues proponen «un texto alternativo que se limite a hablar del derecho a decidir dentro de la legalidad», lo que es igual que rechazar cualquier concepto de «soberanía» que no sea el contemplado en el artículo primero de la Constitución Española. A saber: «La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado». ¡A ver si se enteran…!
