Políticos, autoridades en Economía, hablan de «bancalizar» las Cajas; otros, denuncian su politización y achacan a ésta la desaparición de algunas que funcionaban «antes» espléndidamente, y que al ser invadidas por personas afines a determinados grupos, a las que había que «colocar» en algún sitio, si llegan a cargo de alta responsabilidad, tienen que corresponder sus designaciones o colocaciones…
Desde que se fundaron las Cajas, allá en el siglo XVIII, su fin era «social»: combatir la usura y atender a pequeñas empresas, a particulares, al tiempo de garantizar su presencia en poblaciones donde no cabía rentabilidad económica, pero sí social: prestar servicios financieros a esos pequeños núcleos urbanos. Un ejemplo bien claro, lo tenemos en nuestra Caja de Antequera o en Unicaja. La obsesión de ambas, era y es, no sólo prestar el dinero al menor interés, atender a sus zonas, sino utilizar los beneficios que el diferencial entre lo que se pagaba a los impositores y el que se cobraba en los préstamos, no fuera sino para la sociedad en general, a través de ayudas a la Cultural, al Arte, a la Sanidad, a Obras Sociales. Y a esto hay que añadir otra obsesión: sobrepasar los límites impuestos por el Banco de España para tener unos fondos para impagados, lo que garantizaba su buen funcionamiento. Superado en la Caja de Antequera un momento difícil, pasó a ser de las más rentables, proporcionalmente a su tamaño, de España; en cuanto a Unicaja, ahí están los resultados que no paran de publicar, y que la convierten entre las tres o cuatro «más seguras» de España y, por supuesto en Andalucía, al tiempo que su Obra Social –repartir entre la Sociedad los beneficios que genera– la convierte en la mayor Obra Social de toda Andalucía.
Las razones de esa situación son bien simples: en nuestra Caja de Antequera, en Unicaja, sus responsables, son profesionales expertos, auténticos «cerebros» que manejan el timón con la misma seguridad en tiempos de calma como en tiempos de incertidumbres. Y en ambas, se registra la presencia de «políticos», pero los justos: en los Consejos de Administración, y siempre de acuerdo con sus estatutos, están representados los impositores, que son los dueños de las Cajas; están representados los empleados; están representados los sindicatos y están representados los ayuntamientos, a los que afecta el funcionamiento de las Cajas. Pero todo dentro de un orden. En otros sitios hemos visto las denuncias a las «invasiones» de personas afectas a determinados grupos, las más de las veces sin idea de lo que es una Caja, y así les ha ido. Con el agravante de que para «salvarlas» el Estado –es decir, nosotros todos– ha tenido que «inyectar cantidades enormes», o «vender» (de una forma u otra) esas entidades a bancos o a otras Cajas… con lo sencillo que hubiera sido dejarlas funcionar como lo han hecho cientos de años y dedicarse a arreglar lo que lo necesita.
