Este miércoles, en los colegios «concertados» antequeranos –y tenemos noticias que de la provincia– se guardó «un minuto de silencio» como forma de protesta, respetuosa, ante el anuncio de la Consejería de Educación de suprimir unidades pertenecientes a centros concertados, a pesar de tener éstos demanda suficiente.
El hecho es de suma gravedad para la asociación que aglutina a padres de alumnos de estos centros concertados, que se queja de que es una decisión tomada de manera unilateral, sin un diálogo previo que podría haber sido esclarecedor; es un hecho sin precedente, pues lo que pretende es que aunque un centro concertado tenga solicitudes suficientes de admisión de alumnos, si en la zona hay centros públicos sin la demanda necesaria, las solicitudes pasarán al centro público y se suprimiría dicha unidad del centro concertado, lo que va contra el artículo 27 de la Constitución que especifica para los padres, la posibilidad de ejercer libremente el derecho de elegir para sus hijos la educación más adecuada por su ideario y calidad de enseñanza. La mayoría de unidades suprimidas, a fecha de hoy, son de Primero de Educación Infantil, lo que implica en un futuro próximo la supresión de 13 unidades.
Considera la Asociación de Padres, que esta decisión de supresión de unidades en centros concertados, no es sino el inicio de un proceso, cada vez mayor, de ir debilitando progresivamente la enseñanza concertada y, consiguientemente, de impedir la elección del centro que consideren más adecuado para los hijos y añaden que «el silencio y la inhibición, en este caso, no son neutrales, sino cómplices de una medida injusta que afectará a muchos profesionales implicados en la formación. No serán pocos los profesores y personal de administración y servicios que irán al paro. Además, a los titulares, después de hacer grandes esfuerzos por tener los centros adecuados a los tiempos en que vivimos, y con un volumen acorde a las unidades, se encontrarán con centros sobredimensionados», recalcando que si los centros concertados tienen tanta demanda, siendo discriminados por parte de la Administración educativa respecto a los medios ofrecidos en comparación con los centros públicos, es por su Proyecto Educativo y calidad de Enseñanza.
Además, confirman un dato contundente: una plaza escolar concertada cuesta unos 3.000 euros, mientras que el coste de una pública está por encima de los 6.100. Esto quiere decir que, teniendo en cuenta únicamente los centros concertados ahorran al gobierno de Andalucía cerca de 700 millones de euros.
Entendemos que estas medidas suponen un enfrentamiento entre los dos tipos de enseñanza, que deberían colaborar entre sí, como se hace en muchos casos y que desde luego, por motivos claramente políticos –pues los económicos están en su contra– hay quien se empeña en imponer un tipo de enseñanza, e imponer es lo contrario de dar libertad, de lo que señala la Democracia.
