Mañana domingo, se conmemora el referéndum de 1978 en el que el pueblo español aprobó, por amplia mayoría, la actual Constitución; día en que la Administración del Estado, las Fuerzas Armadas y los centros escolares celebran diversos actos conmemorativos.
Como a algunos de nuestros políticos se les parece haber olvidado, quizás convenga recordar que la Constitución Española de 1978 es la norma suprema del ordenamiento del Reino de España, a la que están sujetos todos los poderes públicos y los ciudadanos de España. Se debe su redacción a representantes de todos los Partidos políticos: por UCD, partido de gobierno durante la Legislatura Constituyente, Gabriel Cisneros, Miguel Herrero Rodríguez de Miñón; por el PSOE, principal partido de la oposición, Gregorio Peces Barba; por el PCE, Jordi Solé Tura; por AP: Manuel Fraga Iribarne y por la CDC, UDC, PSC-R, EDC y ERC: Miquel Roca i Junyent, designados por sus propios partidos como los idóneos para esa responsabilidad y conformando un abanico de pensamientos de todo el espectro político español.
La Constitución fue ratificada, por enorme mayoría, en referéndum, el 6 de diciembre de 1978, siendo sancionada por el rey Juan Carlos el día 27 y publicada en el Boletín Oficial del Estado el 29 de diciembre de ese año. Su promulgación supuso la culminación de la transición a la Democracia, del anterior régimen a un «Estado social y democrático de Derecho que propugna como valores superiores del ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político». En él se afianza el principio de soberanía popular, y se establece la monarquía parlamentaria como forma de gobierno.
La Constitución fija una organización territorial basada en la autonomía de municipios, provincias y comunidades autónomas, rigiendo entre ellos el principio de solidaridad. Las entidades locales, los municipios y las provincias, gozan de una autonomía administrativa, cuyas instituciones actúan en conformidad con criterios de oportunidad dentro del marco legal fijado por el Estado y las comunidades autónomas, con el Rey como jefe del Estado. La división de poderes, idea fundamental en el pensamiento liberal, es establecida implícitamente por el texto constitucional. La soberanía nacional permite la elección de los representantes del pueblo soberano en las Cortes, configuradas por el Congreso de los Diputados y el Senado.
Es decir; la Constitución fija normas de conducta para los españoles, que gozan de libertad, siempre que no atenten contra sus principios básicos. Eso es lo que intentan hacer algunos que por locura, ambición, pretenden ignorar la Constitución de todos, para hacer una a su gusto o a sus apetencias. Por eso La Constitución está muy clara, pero a algunos habría que recordarles aquello que se cantaba en el Pabellón “Fernando Argüelles” por un grupo de aficionados, al portero rival: “¡Que no te enteras co..!”. A ver si así…
