Hubo un momento en que Ayuntamientos y Autonomías, al verse «cercados» por la imposibilidad de mayores endeudamientos para la catarata de inversiones de todo tipo que llevaban a cabo, «inventaron» Empresas y Fundaciones participadas que, al considerarse legalmente «organismos autónomos» dentro de cada cual, permitían a éstos embarcarse en préstamos y peticiones de ayudas, o lo que es igual conseguir lo que sus organismos base no podían, endeudarse, porque a la hora de devolver préstamos y similares, no había dinero.
El problema surgía cuando Ayuntamientos y Autonomías se iban cargando de personal, hasta llegar a lo que hoy demuestran los estudios: hoy, de cada cinco funcionarios, uno se dedica a lo público, o lo que es igual hay más de un 20 por ciento de funcionarios en un «aparato» de difícil solución y con deudas más que preocupantes, lo que obliga al Gobierno a «sanear», reestructurando el sector público empresarial. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, dejó claro el otro día que exigirá a las comunidades autónomas que cumplan el compromiso de reducción de entes pactado con el Gobierno socialista en marzo de 2010 y que hasta ahora ha sido papel mojado, pues recogía un compromiso de eliminación de 514 entes autonómicos de los 2.359 contabilizados y un año después, apenas se habían suprimido 69.
Y, como explicamos anteriormente, Soraya Sáenz aseguró en la rueda de prensa posterior al último Consejo de Ministros, que han estudiado un informe de Hacienda, sobre el «redimensionamiento» del sector público empresarial y, según los datos que maneja el Gobierno a través de la Intervención General del Estado, existe un entramado de más de 4.000 entes al cobijo de las administraciones autonómicas y locales. «Es una tarea compartida con las comunidades autónomas», subrayó la vicepresidenta. También se revisarán los organismos dependientes de los diferentes ministerios. El Ejecutivo tiene previsto abordar la cuestión en un Consejo de Política Fiscal y Financiera previsto para este mes de enero.
La vicepresidente del Gobierno, afirma que los ejecutivos regionales llevan años creando empresas y fundaciones para intervenir en sectores económicos que consideraban clave, una vía utilizada en muchas ocasiones para ocultar el déficit público que generaban con esas inversiones a la contabilidad nacional. El acuerdo de marzo de 2010 concedía tres meses a las autonomías para presentar planes de racionalización y eficiencia del gasto público. El problema es que esos planes no han tenido de momento un efecto práctico.
Sin duda es paso imprescindible para sanear la Economía, parecido a esas enfermedades ignoradas en las que no hay más remedio que ir al médico, cortando por lo sano.
