El Pleno de enero del Ayuntamiento de Antequera debatirá la moción de IU por la que pide evitar la obsolencia programada, es decir, el desarrollo de aparatos tecnológicos que están programados para dejar de funcionar en un tiempo predeterminado, según expone su portavoz Pilar Ruiz.
De estar forma pide «al Gobierno de España y a las Cortes Generales a la aprobación de una ley estatal específica contra la obsolescencia programada, que regule el diseño de los productos, garantice la disponibilidad de repuestos, contemple la reparabilidad y establezca sanciones efectivas para las empresas que utilicen estas prácticas».
Con ella, «ampliar los periodos de garantía legal de los productos de uso doméstico, con carácter general y especialmente en aparatos electrónicos y electrodomésticos, siguiendo las recomendaciones y posibilidades que ofrece la normativa europea, de forma que se priorice la reparación frente a la sustitución».
También pedir «a las administraciones competentes a exigir el mantenimiento de piezas, sistemas operativos y aplicaciones por un mínimo de 10 años para piezas, y de forma permanente para el software de equipos electrónicos y electrodomésticos, permitiendo su reparación y actualización y evitando que queden inservibles por falta de soporte».
«A las comunidades autónomas a estudiar e implantar un gravamen específico sobre las empresas que no certifiquen sus productos con sellos que garanticen la ausencia de obsolescencia programada (como el sello ISSOP u otros equivalentes), destinando lo recaudado a la investigación y el desarrollo de productos duraderos, reparables y sostenibles».
También «a la Unión Europea a desarrollar un marco fiscal que permita reducir el IVA u otras cargas fiscales sobre: los servicios de reparación de productos, la venta de productos reacondicionados y de segunda mano y las actividades de formación y talleres vinculados a la reparación y reutilización».
Con el fin de favorecer la reutilización, la ampliación de la vida útil de los bienes y la creación de empleo verde y local, solicita «al Gobierno autonómico la creación o refuerzo de entidades públicas con capacidad de control, inspección y sanción sobre las prácticas de obsolescencia programada, con competencias para verificar el cumplimiento de las obligaciones de durabilidad, reparabilidad, información y garantía por parte de las empresas».
Comprometer «al Ayuntamiento de Antequera a incorporar criterios de durabilidad, reparabilidad, disponibilidad de repuestos y menor impacto ambiental en todos sus pliegos de contratación y compras públicas, priorizando productos con certificaciones que acrediten la ausencia de obsolescencia programada».
Impulsar, «desde el Ayuntamiento, campañas locales de información y sensibilización dirigidas a la ciudadanía sobre los impactos de la obsolescencia programada, los derechos de las personas usuarias y las alternativas existentes (reparación, reutilización, consumo responsable y comercio local)».
También, «fomentar, en colaboración con asociaciones, cooperativas y otros agentes sociales, la creación y consolidación de talleres de reparación, iniciativas de reutilización y venta de segunda mano, programas de formación en reparación de aparatos. Y como parte de la estrategia municipal de economía circular y reducción de residuos».
