El grupo municipal socialista solicitará que el Ayuntamiento de Antequera se sume al Pacto andaluz por la Igualdad de Género, ya que entienden como indispensable establecer una alianza entre Gobierno de la Junta de Andalucía y la sociedad civil para combatir desde todos los frentes las desigualdades históricas y el impacto especialmente adverso que sobre las mujeres tiene la actual crisis económica y fina.
En las tres últimas décadas han sido importantes los avances en la participación social y política de las mujeres en España y en Andalucía; consecuencia, en gran parte, de la eliminación de discriminaciones que históricamente estaban recogidas o contempladas en nuestro ordenamiento jurídico.
La Constitución Española de 1978, como norma fundamental de convivencia, invita en su artículo 9.2 a “los poderes públicos a promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”. Y añade en su artículo 14 que “Los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. Un avance fundamental al vincular a los poderes públicos a remover todos los obstáculos que impida a la ciudadanía una participación plena en la sociedad. Ambos artículos contemplan el principio de igualdad como elemento o principio de no discriminación.
Del mismo modo, el Estatuto de Autonomía de Andalucía avanza en la misma línea e introduce en su artículo 15, un concepto y categoría de análisis nueva en la norma de la Comunidad Autónoma, la Igualdad de Género, “se garantiza la igualdad de oportunidad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos” que condicionará todo el desarrollo normativo.
La Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de igualdad de género en Andalucía, viene a concretar y desarrollar un único objetivo, la consecución de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. Sin duda, el largo camino recorrido ha supuesto un innegable avance, pero no puede decirse que éste haya estado exento de dificultades. La incorporación efectiva y real del principio de igualdad de género en las estructuras económicas, políticas y sociales sigue siendo un objetivo por alcanzar en su integridad.
El pleno acceso a los derechos económicos y sociales; la incorporación de las mujeres a la actividad laboral y a la educación superior; una mayor participación de las mujeres en la toma de decisiones políticas; la regulación del divorcio y la salud reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo, junto con la puesta en marcha de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia se configuran como conquistas que forman parte de la columna vertebral de la sociedad actual.
En contraposición, siguen quedando muchas materias pendientes, cuyos efectos se hacen sentir en el día a día de las mujeres, principalmente en lo que se refiere a su débil posición en el mercado laboral (precariedad en el empleo, segregación laboral, desigualdad salarial, el fomento del empleo a tiempo parcial…); en la ausencia de corresponsabilidad y/o conciliación en la vida personal, familiar y laboral; en la persistencia de la violencia contra las mujeres; en la baja participación en la toma de decisiones en las esferas política, económica y financiera; así como en los acuerdos con los interlocutores sociales. Y en el mantenimiento de esteriotipos sexistas históricos, culturales y educativos que se reiteran a través de los años.
España afronta la mayor crisis económica y financiera de su historia, agravada por las medidas de austeridad y los recortes presupuestarios en los servicios públicos esenciales, a los que se añade la modificación de leyes básicas para lograr la igualdad de género.
Nos encontramos ante un contexto político en el que subyace un cambio social, que está repercutiendo directamente en tres aspectos esenciales para las mujeres: la igualdad de oportunidades y de trato con respecto a los hombres; la corresponsabilidad en lo que se refiere a las responsabilidades familiares y domésticas, que permite la conciliación de la vida personal familiar y laboral; y el derecho a elegir sobre su propio cuerpo y un favorable proyecto de vida.
El Parlamento Europeo ha alertado sobre estas políticas, pues sus medidas están teniendo consecuencias particularmente graves sobre las personas más vulnerables y también sobre las mujeres, a las que afectan especialmente el desempleo, la pérdida o precarización de los puestos de trabajo, la disminución de sus salarios, e indirectamente, los recortes presupuestarios en los servicios públicos y las ayudas sociales que inciden en los cuidados de la vida y la familia asumidos casi en exclusividad por las mujeres.
Las personas e instituciones que creemos y defendemos la igualdad tenemos en estos momentos un importante reto por delante: hacer ver a la ciudadanía los riesgos a los que se enfrenta ante los recortes que se están llevando a cabo bajo la excusa de la austeridad, y que están suponiendo, en realidad, un verdadero retroceso en el tiempo. Estamos asistiendo, entre otros fenómenos, a una feminización de la pobreza. El paro juvenil también afecta con mayor dureza a las jóvenes.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista hace la siguiente propuesta:
Que el Ayuntamiento de Antequera se sume en apoyar el Pacto Andaluz por la Igualdad de Genero, entendiendo como indispensable establecer una alianza entre Gobierno de la Junta de Andalucía y la sociedad civil para combatir desde todos los frentes las desigualdades históricas y el impacto especialmente adverso que sobre las mujeres tiene la actual crisis económica y financiera.
