El grupo municipal de Izquierda Unida presentará en una moción al Pleno de este mes de marzo sobre el rechazo a la modificación de la ley orgánica del poder judicial que limita los casos de justicia universal en los que pueden intervenir los jueces españoles, en la que exponen que:
Estamos asistiendo a uno de los momentos históricos de mayor ataque a los derechos de las mujeres. La derecha está agrediendo a los pilares más básicos de la democracia, como es la aspiración a la que tenemos derecho todas las personas a la libertad, a la autonomía personal, al acceso a los recursos y a la igualdad entre todos los seres humanos.
Esta grave regresión se manifiesta de manera categórica respecto a los derechos humanos de las mujeres, fruto del reforzamiento de las posiciones más retrógradas del sistema patriarcal, que, con la excusa de la crisis económica, ha visto las posibilidades abiertas para de construir todo lo conseguido.
El derecho de las mujeres a elegir sobre su maternidad, es decir, si quieren o no ser madres, es un derecho rotundo que debe estar presente en cualquier circunstancia. Es un derecho fundamental y, como tal, no puede ser objeto de intercambio con los estamentos religiosos y sociales más reaccionarios.
Las normas segregadoras y sexistas como la de reforma laboral y la reciente ley de educación que se están adoptado, junto con los recortes en sanidad y en la asistencia en la dependencia, la provisionalidad en los empleos, la privatización de lo público… son medidas que están produciendo un impacto de género que está generando el incremento de la feminización de la pobreza y la intensificación de los valores represores de la autonomía de las mujeres.
La asignatura de religión en la escuela pública y la exclusión de la educación sexual y reproductiva de ella, no sólo es consecuencia de la injerencia del clero heredero del franquismo en las decisiones gubernamentales, sino que pretenden instaurar el modelo ya caducado, de mujeres obedientes y sumisas.
Por todo ello, el Grupo Municipal de IULV-CA propone el siguiente acuerdo:
Elevar al Gobierno de España la solicitud/exigencia de que no se atente contra los derechos fundamentales de las mujeres y que no tenga lugar la tramitación del proyecto de ley contra el aborto.
Que se amplíen los derechos reconocidos en el texto vigente para que el aborto deje de ser un delito y pueda practicarse libremente en la sanidad pública en todo el territorio español.
El Pleno del Ayuntamiento se adhiere a todas las manifestaciones del movimiento feminista y organizaciones de mujeres, que en reivindicación de los acuerdos suscritos se convoquen.
El Ayuntamiento se compromete a potenciar los valores de igualdad real, poniendo para ello todos los medios a su alcance, como es la defensa de la sanidad y la educación públicas y laicas y planes de empleo y formación igualitarios.
De este acuerdo de dará traslado al Gobierno de España y a los Grupos Parlamentarios del Congreso de Diputados.
