El secuestro del concejal del PP en Ermua, Miguel Ángel Blanco marcó un antes y un después en la lucha contra la banda terrorista ETA. Su asesinato desató en muchos españoles una enorme y espectacular indignación como antes no se había visto. Para los que vivimos aquellos momentos se nos viene fácilmente a la memoria que las 48 horas dadas por los desalmados de ETA cayeron como una enorme losa en una España que ya clamaba por un final pacífico de la banda terrorista que no permitió.
Recordar aquel fatídico hecho nos pone en primera persona a cientos de miles de personas que no dudaron en alzar su voz contra ETA y llamarlos asesinos. La gente no estaba dispuesta a soportar más dolor, más crueldad. Entonces nos encontramos con imágenes de unidad, de no ceder al chantaje, donde ver en primer fila a todos los presidentes del gobierno de la democracia y al resto de líderes políticos suponía una muestra de la fuerza y la unidad de un país que se oponía a los terroristas. Aquellos hechos, aquellas manifestaciones y tensiones supusieron el despertar de la conciencia moral de la ciudadanía para la derrota definitiva. Surgió así el Espíritu de Ermua: movimiento cívico espontáneo en respuesta al secuestro y posterior asesinato de Miguel Ángel Blanco.
El gesto inédito de los ertzainas quitándose el casco y abrazándose con los que pretendían asaltar la sede de Herri Batasuna en San Sebastián, puso de relieve que la policía estaba en el mismo bando y que había un único frente común: acabar con ETA. España tenía claro lo que quería: Paz y Libertad. Veinte años más tarde, algunas caras de nuevos políticos (gente sin escrúpulos y mezquina) cuestionan aquel Espíritu, se niegan a desplegar pancartas para recordar a Miguel Ángel Blanco y además vitorean y aplauden a los miembros de la banda terrorista para aclamarlos como héroes de España. Hora va siendo ya para echarse nuevamente a la calle. Pero ahora, para elevar las penas de cárcel contra los que quieren violar la Constitución, para desautorizar a los que se lucran de la política cuando ocupan cargos de responsabilidad, para castigar con dureza a los que en el Congreso –elegidos por el pueblo– desafían la historia y la memoria de un país que hace veinte años tuvo un claro enemigo con el que ahora tristemente convive reclamando derechos.
