Cerca de un centenar de incendios, más de 35.000 hectáreas afectadas, viviendas quemadas, vecinos que lo han perdido todo y varias víctimas mortales son algunos de los datos que han dejado a Galicia con un panorama totalmente negro en un mes de octubre atípico.
En televisión pocas veces habíamos visto imágenes tan dantescas y escenarios tan estremecedores por la virulencia con la que avanzaban las llamas. Los efectivos de bomberos y los vecinos tuvieron que luchar para poder evacuar zonas de difícil acceso. Ahora, después de la tempestad, ha llegado relativamente la calma, pero los gallegos no van a poder olvidar el dolor sufrido. No corren buenos tiempos. El Gobierno, autonómico con sus ayudas planteadas días atrás, no parece que vaya a poder calmar el dolor tan grande de familias que lo han perdido todo. Los gobernantes no han ahorrado esfuerzos en los medios de comunicación garantizando ayudas por doquier que ahora difícilmente llegarán a quienes no sólo han perdido su vivienda sino el medio que les permitía subsistir.
Toca enfrentarse a la cruda realidad porque unos cuantos desalmados han convertido Galicia en pasto de las llamas. Los ganaderos tendrán serias dificultades para alimentar su ganado; el terreno ofrece pocas garantías y la climatología para estos meses venideros no parece que vaya a ayudar mucho. Difícil será que Galicia vuelva a recobrar ese verdor de sus pastos tan necesario para el ganado.
No vamos a recordar a Nerón en sus políticas llevadas a cabo con el gran incendio de Roma, donde muchos cristianos fueron ajusticiados porque ellos fueron considerados como los causantes de un gigantesco incendio que arrasó los catorce distritos de Roma, el templo de Júpiter y el hogar de las vírgenes vestales. Sin embargo, en esta ocasión los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad deberían no ahorrar esfuerzos para tratar de dar con todos los culpables. Sobre ellos debe caer todo el peso de la ley. Es inadmisible que quienes acaban con vidas, queman nuestros bosques y ponen en peligro la vida de miles de personas.
Las penas para este tipo de delitos necesitan una urgente y eficaz modificación, eso sí, que sea más efectiva que el debate que se ha generado para aplicar el artículo 155 de la Constitución. De lo contrario, arderá España.
