Que estamos en un país de siervos y no de ciudadanos es algo que nadie debe cuestionar, pues –como decía mi madre– el pez grande siempre se come al chico. Ahora bien, que los jueces campen a sus anchas y crean situarse por encima de la ley es algo que no debemos permitir.
Viene a colación lo anterior por la desfachatez de la sentencia del Tribunal Supremo sobre la decisión de que los gastos de las hipotecas debían de correr del lado de los ciudadanos. Cuando la batalla parecía estar perdida, el gobierno con un Decreto Ley ha dado la vuelta a las quinielas: a partir del lunes serán las entidades financieras las que asuman el pago del impuesto de las hipotecas, esto es, el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados.
Los Bancos y las Cajas de Ahorros siguen siendo no empresas privadas, sino guetos de poder donde un exclusivo círculo monta su lobby para vivir a costa de los demás y donde no se entiende que de un año para otro tenga pérdidas, es decir no hayan ganado más que el anterior a costa de los que, como hormigas, llenamos sus estómagos agradecidos. Luego vienen sus innumerables obras sociales, sus apoyos al deporte, sus numerosas becas para mentes privilegiadas, y no como ellos que son hocicos de burgueses venidos a más gracias a la entrega de siervos en sus trabajos que les depositan sus ahorros.
Y lo peor, lo venden como una enorme entrega hacia la ciudadanía. ¡Faltaría más! La sentencia que obligaba a pagar el impuesto volvía a poner sobre la mesa que el sistema es incuestionable. Que de vez en cuando haya sentencias a favor de la ciudadanía y en detrimento de la banca sería simplemente para tapar inmundicias e insuflar oxígeno a un país que vuelve a poner sobre la mesa la falta de rigor y seriedad. Pero el Gobierno ha actuado. ¡Por fin! ¡Basta ya! No pueden seguir por encima del bien y del mal. Los gobiernos de centro derecha poco van a ayudar porque van ser y son los palmeros de cuanto ocurre a diario.
Tengan presente la prostitución de Caja Madrid. Y la izquierda más radical, acomplejada de las ideas jacobinas, se encuentra llamando a la rebelión desde chalés de 600.000 euros. Sólo había una posibilidad: la aprobación de un Decreto Ley que modificara la sentencia, algo inesperado, pero ha ocurrido. Veremos el precio que hay que pagar por ello. ¡Tiempo al tiempo!
