La semana que llega a su fin deja episodios para no olvidar. El Congreso de los Diputados, convertido en una taberna de barrio, en una tasca de voceros y estómagos agradecidos, ha sido fiel testigo de la venta del Estado español. La aprobación de los presupuestos para el año 2023 con la ayuda de los partidos separatistas, nacionalistas y golpistas ha dado luz verde al proyecto de Sánchez de perpetuarse en el sillón. Sánchez, una vez más, ha salido victorioso, pero tendrá que pagar un enorme peaje. La aprobación de los presupuestos llega, según nos cuentan, con la cesión de 900 millones de euros a los independentistas catalanes. Y lo que es más grave aún, con la reforma del delito de sedición. Llevada a cabo por los catalanes casi como una rebelión, la reforma podrá considerarlo como un altercado público, como el quemar un contenedor. Así los golpistas lo tendrán fácil, cuentan con dinero y el peaje por sedición podrá ser hasta premiado con un aplauso.
Pero si la cesión económica puede discutirse, se hace imperdonable que se abra la puerta a la salida de Navarra de la Guardia civil. La transferencia de la competencia de Tráfico y de Seguridad Vial a la Comunidad foral obligará a los miembros del Instituto Armado a abandonar una tierra por la que entregaron su vida. Ahora se les echa… No podemos olvidar que los representantes de EHB que están subiendo a la tribuna del Congreso, pese a quien le pese, son los herederos directos de ETA, los que dejaron a cientos de familias huérfanas y los que, en muchas escuelas, enseñaban a sumar y restar con las víctimas que, sin piedad, causaban los terroristas. Pues esos mismos, sí, los herederos de ETA, piden ahora a Meritxell Batet, que tiene el poder pero que desconoce el concepto de la autoridad, que se les respete.
El Congreso se ha convertido en un circo y los que allí se sientan, elegidos democráticamente, son producto de esa mediocridad que se ha venido aplaudiendo desde el pueblo pues se ha fomentado el insulto en menosprecio de la educación. Fueron los de Podemos los que llevaron las indumentarias playeras, los gritos de las tabernas y los insultos sin el más mínimo decoro al escenario del Congreso. Al final acaba imponiéndose y permitiéndose que dentro o fuera del estrado personas sin nivel ninguno, sin formación y sin educación, como es el caso de la ministra Irene Montero, se atrevan a decir que los jueces deben tener una mayor formación.
Con este panorama, oremos porque no surja ningún escisión dentro de Podemos en favor del islam; nos veríamos obligados a entregar la Alhambra y Medina Azahara en favor de una nueva Taifa.
