El grupo municipal popular ha defendido sus mociones en el Pleno del mes de abril en el Ayuntamiento de Antequera, donde la portavoz del equipo de gobierno, Ana Cebrián, ha justificado las iniciativas por el bien común de los ciudadanos.
Por un lado, Cebrián lamenta que el Gobierno de España, al acordar iniciativas con partidos independentistas de Cataluña, conlleva a perjuicios económicos para lo andaluces. «El Gobierno de España apoyado por partidos independentistas catalanes ha
negociado y pactado con las fuerzas separatistas un modelo de financiación
autonómica basado en el denominado principio de ordinalidad, que pretende
introducir como criterio fundamental para determinar la asignación de recursos entre
comunidades autónomas».
Este principio ha sido pactado por la propia ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, con el Gobierno de Cataluña, y «constituye una debilitación del sistema de financiación autonómica que perjudica gravemente a Andalucía y a otras comunidades históricamente infrafinanciadas».
Recuerda que «Andalucía ha venido reclamando un modelo de financiación basado en criterios de justicia, solidaridad y equilibrio, que garantice que todos los españoles reciban
recursos en función de sus necesidades reales y no de su capacidad recaudatoria. La
imposición del principio de ordinalidad como eje del nuevo modelo introduce un
elemento de desigualdad inadmisible y debe ser rechazado con énfasis por todas las
instituciones que defienden la igualdad de los españoles con independencia de su
lugar de residencia».
Es por lo que se aprobó, con el voto favorable del PP, la negativa del PSOE y la abstención de IU, que se rechace «de forma expresa los acuerdos del Gobierno de España con el
independentismo catalán que implican la introducción del principio de ordinalidad
como criterio esencial del sistema de financiación autonómica, por considerar que
supone una vulneración del principio de igualdad y solidaridad entre las comunidades
autónomas».
Manifestar «el respaldo y solidaridad del Ayuntamiento de Antequera con
los ciudadanos y entidades de Andalucía que se ven perjudicados por este enfoque,
que favorece privilegios territoriales frente a la equidad efectiva entre españoles».
También, «instar al Gobierno de España a abandonar cualquier intento de consolidar
un modelo de financiación que rompa el principio de solidaridad interterritorial y a abrir
un proceso de revisión del sistema que cuente con el consenso de todas las
comunidades y se base en criterios de justicia, eficiencia y equilibrio territorial».
Y por último, «dar traslado de esta moción a la Presidencia del Gobierno, a la
Vicepresidenta y Ministra de Hacienda y a la Presidencia de la Junta de Andalucía
para que sean conocedores del rechazo municipal ante este enfoque de financiación».
El PP se muestra contrario a la ley contra la ocupación ilegal
La portavoz popular Ana Cebrián promueve instar al Gobierno de España a aprobar una ley contra la ocupación ilegal de viviendas y reforzar la protección de la propiedad privada, la seguridad y a convivencia. «La ocupación ilegal de viviendas y las consecuencias de políticas públicas ineficaces en materia de vivienda constituyen uno de los problemas más graves que afectan a los ciudadanos y a la convivencia en nuestros municipios, incluida Antequera. La falta de respuestas eficaces desde el Gobierno de España ha generado una situación de inseguridad jurídica, incremento de ocupaciones ilegales, retraimiento de la oferta de alquiler y una merma de la confianza en el sistema de protección de la propiedad
privada».
Se aprobó con el voto del PP, la abstención de IU y el voto a favor y en contra de varios de los puntos, por parte del PSOE. Así, se pide instar al Gobierno de España a aprobar con carácter urgente «una ley contra la ocupación ilegal de viviendas que permita una respuesta rápida y eficaz frente a la okupación, refuerce la protección de la propiedad privada y garantice la seguridad y convivencia vecinal».
Exigir al Gobierno de España «que no continúe adoptando políticas de vivienda mediante acuerdos coyunturales con fuerzas políticas como EH Bildu que dificultan la recuperación de inmuebles por parte de sus legítimos propietarios y retraen la oferta de viviendas en alquiler, agravando la problemática que se pretende resolver».
También «solicitar al Gobierno de España el refuerzo de los medios humanos y
materiales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como una mejor
coordinación con las administraciones locales, para combatir las mafias organizadas
vinculadas a la ocupación ilegal y agilizar la restitución de las viviendas a sus legítimos
propietarios».
Manifestar el compromiso del Ayuntamiento de Antequera «con la defensa de
los derechos constitucionales, la seguridad jurídica, la convivencia vecinal y el respeto
a la propiedad privada, pilares fundamentales del Estado de Derecho». Para finalizar, «dar traslado de los presentes acuerdos a la Presidencia del Gobierno de
España».
Pilar Ruiz, de IU, expuso que el problema de la vivienda no reside en la ocupación, sino en la precariedad laboral, el nulo parque de viviendas públicas y los fondos buitre.
Respaldo a las personas mayores para acceder a residencias asistenciales
El grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Antequera manifiesta «su profunda preocupación ante el criterio interpretativo mantenido por la Dirección General de
Tributos y la Agencia Tributaria conforme al cual las personas mayores de 65 años
que abandonan su vivienda habitual para ingresar en una residencia asistencial
pierden el derecho a la exención en el IRPF por la venta de dicha vivienda cuando la
transmisión se produce transcurridos más de dos años desde su salida del inmueble».
Esta interpretación administrativa, «mantenida incluso cuando el traslado a la
residencia se produce por motivos de dependencia, enfermedad o imposibilidad física
para continuar residiendo en el domicilio habitual, constituye una decisión
profundamente injusta, deshumanizada y contraria al principio de protección
reforzada que deben merecer nuestros mayores».
Se aprobó por unanimidad y se pide al Gobierno de España «a modificar de forma urgente la normativa reguladora del IRPF para garantizar expresamente que las personas mayores de 65 años que abandonen su vivienda habitual por ingreso en residencia asistencial, centro sociosanitario o situación de dependencia mantengan la consideración fiscal de
vivienda habitual a efectos de la exención por transmisión, con independencia del
tiempo transcurrido hasta su venta».
Pedir añ Ministerio de Hacienda «a dictar instrucciones interpretativas
inmediatas que suspendan la aplicación restrictiva actualmente mantenida por la
Agencia Tributaria en tanto se produce la modificación normativa».
También «instar al Gobierno de España a reforzar la financiación estatal del sistema
de atención a la dependencia y de las plazas residenciales, incrementando su
aportación económica para evitar que las familias deban soportar en solitario el coste
de la atención residencial prolongada de sus mayores».
Agilizar la atención personal en la oficina local de la Seguridad Social
Ana Cebrián ya adelantó junto al alcalde Manuel Barón que «son constantes las quejas de ciudadanos antequeranos por la dificultad para obtener cita presencial, la imposibilidad práctica de resolver incidencias de manera ágil, la excesiva dependencia de la atención telemática y telefónica, así como la falta de atención directa para personas mayores, pensionistas y ciudadanos con menor capacitación digital».
Esta situación no constituye una percepción aislada, «sino que responde a un problema
estructural reconocido en toda la provincia y denunciado por organizaciones de
consumidores, que han alertado de demoras e importantes barreras de acceso a la
atención presencial en oficinas de la Seguridad Social de Málaga.
Antequera, como cabecera de comarca, presta servicio a una amplísima población
del interior de la provincia, lo que hace aún más necesaria una atención presencial
eficaz, cercana y suficiente».
Es por lo que se aprueba por unanimidad, instar al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y al Instituto Nacional de la Seguridad Social «a reforzar de manera inmediata los medios personales y materiales del Centro de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS) de Antequera, garantizando una atención presencial suficiente, eficaz y acorde a la demanda real de la comarca».
Instar al Instituto Nacional de la Seguridad Social «a flexibilizar y ampliar el
sistema de atención presencial, eliminando barreras derivadas de la cita previa
obligatoria en aquellos trámites que permitan atención directa o urgente,
especialmente para personas mayores, pensionistas y colectivos vulnerables».
Obviamente «dar traslado del presente acuerdo al Ministerio de Inclusión, Seguridad
Social y Migraciones, al Instituto Nacional de la Seguridad Social, a la Dirección
Provincial del INSS en Málaga y a los Grupos Parlamentarios del Congreso de los
Diputados».
