El grupo municipal de Izquierda Unida presentará su rechazo al recurso al TC presentado por el Gobierno de España contra el decreto ley andaluz para asegurar la función social de la vivienda, en la que expone que:
El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo, el pasado día 28 de junio de 2013, por el que se solicita al Presidente del Gobierno la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 1, por el que se da nueva redacción a los artículos 1.3, 25 y 53.1.a) de la Ley 1/2010, de 8 de marzo, reguladora del derecho a la vivienda en Andalucía; y la Disposición adicional segunda del Decreto-Ley de la Junta de Andalucía 6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda.
El Decreto Ley para Asegurar la Función Social de la Vivienda es plenamente constitucional. El artículo 33 de la Constitución española consagra la “función social” del derecho de propiedad. La “función social” forma parte del contenido esencial del derecho de propiedad.
El Gobierno anuncia un recurso sin clarificar cuáles son los aspectos objeto del mismo ni las causas en que el mismo se sustenta. La alusión a que el Decreto Ley afecta al contenido esencial del derecho a la propiedad privada es falsaria y tramposa. Las administraciones expropian propiedades cada día para construir metros, autopistas, y hasta campos de golf, invocando para ello el interés general, sin que medie protesta alguna del Consejo de Ministros.
Aquí lo que el Consejo de Ministros está defendiendo no es el derecho a la propiedad, sino los intereses de las entidades financieras, en este caso a costa de una violenta intromisión en la soberanía andaluza. Recordamos que el Decreto Ley fue convalidado sin ningún voto en contra en el Parlamento andaluz, donde continúa su tramitación parlamentaria.
Con este Decreto Ley, la Consejería de Fomento y Viviendas de la Junta de Andalucía ha dado respuestas a la vulneración sistemática del derecho humano a la vivienda que está teniendo lugar en Andalucía, vulneración denunciada incluso por la ONU.
La Consejería continúa con la tramitación de expedientes de expropiación del uso de viviendas para evitar desahucios de personas en riesgo de exclusión social, así como con la inspección del parque andaluz de viviendas para detectar inmuebles deshabitados y, eventualmente, proceder a la sanción de las personas jurídicas que los posean.
Por estas razones, el Grupo Municipal de Izquierda Unida – Los Verdes – Convocatoria por Andalucía (IU-LV-CA), propone al Pleno Municipal los siguientes acuerdos:
1. El Pleno insta al Parlamento Andaluz y al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a que continúen en la defensa del derecho humano a la vivienda y la soberanía del pueblo andaluz recogida tanto en el Estatuto de Autonomía como en la Constitución.
2. El Pleno manifiesta el rechazo al Acuerdo del Consejo de Ministros del 28 de junio de 2013, por el que se solicita al Presidente del Gobierno la interposición de un Recurso de Inconstitucionalidad contra el artículo UNO por el que se da nueva redacción a los artículos 1.3, 25 y 53.1.a, de la Ley 1/2010 de 8 de marzo reguladora del derecho a la vivienda en Andalucía. Así como a la disposición adicional segunda del Decreto-Ley 6/2013 de 9 de abril que protege a familias que están es riesgo de sufrir un desahucio.
3. El Pleno insta al Presidente del Gobierno a que se abstenga de presentar dicho recurso ya que no están justificadas las consideraciones de inconstitucionalidad esgrimidas por el Consejo de Ministros. Siendo el Decreto-Ley para asegurar la función social de la vivienda plenamente constitucional.
4. El Pleno anima al conjunto de la sociedad civil a movilizarse en defensa del Estatuto de Autonomía y el decreto-ley para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda.
5. Dar traslado de los acuerdos, al Presidente del Gobierno, a la Mesa del Parlamento Andaluz, al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.
