A partir de este año 2010 entra en vigor la nueva ordenanza fiscal que regula la instalación de cajeros en las fachadas de los inmuebles y que prevé el cobro de 250 euros por cada cajero al que los ciudadanos accedan desde la calle de dominio público.
Esta ordenanza fue aprobada a raíz de una moción presentada por IU en el mes de mayo de 2009 tras conocer que el Tribunal Supremo había dado vía libre a los municipios para poder cobrar a cajas de ahorro y bancos por la utilización intensiva que los cajeros automáticos hacen de los espacios públicos.
