Lamentablemente no será el primer caso, es uno más de muchos que se van conociendo en el día a día. Hay quienes no lo manifiestan ni evidencian, hay quienes esperan su momento, pero en la mayoría de casos: el sistema falla.
Hoy es Natalia. 14 años creciendo sin poder caminar, superando los obstáculos de su invalidez para caminar, pero sin perder la sonrisa. Detrás de ella, su madre, su madrina, su padre, su hermana, sus primos, su familia y sus amigos. A todos ellos se le ha sumado una ciudad en la que en apenas cuatro días, le han abierto una puerta del largo pasillo que aún debe recorrer.
Nos viene el caso el tiempo que se tarda en reconocer una minusvalía, una dependencia o ayudas como las que pueden necesitar casos como los de Natalia. No habrá igualdad hasta que no se den los mismos plazos en pagar nuestros impuestos, que al recibir las ayudas que nos correspondan.
Quienes tengan una persona con dependencia: ¿cuánto tiempo tardaron en admitirla? ¿Dos años, año y medio, un año, seis meses? Son plazos denunciables y sin encontrarles sentido. En los últimos tiempos, las autoridades recomiendan la prevención y la detección precoz. ¿Cómo se alcanza si se tarda tanto tiempo en reconocer esa necesidad y ayuda?
Una mujer nos apuntaba hace unas semanas, que cuando falleció su marido, le vino una carta de reconocimiento de dependencia. Un hombre lamenta no poder haber llevado a su mujer con demencia, antes de lo que precisaba a una residencia, ya que no podía costearla y llegó el certificado cuando ya no le conocía.
¿Quién pone solución a esta lentitud de procesos burocráticos? ¿Por falta de personal, por falta de presupuesto, por carecer de humanidad? Cuestiones que nunca llegaremos a comprender.
Volviendo al principio, en el caso de Natalia, es obvio que la familia, como haría cualquiera en su situación, se agarra a lo que pueda. ¿Qué es un traje experimental? Sí, pero si se permite es porque algo debe haber que no esté probado en su contra. Y gracias a ella se podrá mejorar para otras personas que lo vayan necesitando.
La familia lleva 14 años viajando por neurólogos, especialistas, clínicas y terapias. Ahora ha encontrado una alternativa y no ha dudado en apostar por ella para que la joven pueda vivir sin necesidad de alguien que le tenga que sujetar.
Estamos seguros que si la Sanidad supiera de la efectividad, lo reconocería. Pero nos vienen al caso esas pastillas naturales que aliviarían síntomas de la quimioterapia, o la rapidez de la vacuna de la COVID-19. Incluso las vacunas gratuitas y de pago para niños. ¿Quién autoriza y da el paso para añadir algo en la sanidad pública gratuita o en la sanidad en general? ¿Prima el interés sanitario, el general o el económico de empresas?
Volviendo a lo de Natalia… la sociedad ha respondido de inmediato. Aventura Solidaria se ofrece como organismo intermediario para facilitarle conseguir este traje. La Agrupación ha preparado su mejor procesión: 3.000 euros de ayuda. Y el pueblo se ha volcado.
¿Y las administraciones, por qué no son tan ágiles? En situaciones como ésta debería de producirse una rapidez de respuesta para que las investigaciones se adopten y apliquen, para que no sea una carga económica para las familias y para que la sociedad no tenga que cubrir lo que tendrían que hacer los servicios públicos.
Un ejemplo más del distanciamiento entre la burocracia y el pueblo. Y entre medias, Aventura Solidaria ofrece unos mecanismos para que la familia pueda acceder a una puerta que se les abre en el caminar de estos 14 años con Natalia.
Ojalá estas situaciones tuvieran una respuesta ágil e inmediata como cuando te cargan los seguros, impuestos o multas. Algo falla, y no es el pueblo… ¿Quién se anima a solucionarlo?
