La Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, representa un avance significativo en la promoción de la autonomía y la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad en España. Esta ley sustituye el antiguo sistema de incapacitación judicial por un modelo basado en medidas de apoyo personalizadas, respetando la voluntad y preferencias de cada persona.
La Ley 8/2021 supone también un giro en la manera de concebir la discapacidad y la toma de decisiones. Anteriormente, el modelo proteccionista era común, en el que se priorizaba la protección de las personas con discapacidad, pero muchas veces esto implicaba la limitación de sus derechos, sobre todo en lo que respecta a la capacidad para tomar decisiones. Con la nueva ley, se busca un modelo garantista, que pone énfasis en el respeto de los derechos y la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, reconociendo que, aunque requieren apoyo en muchos casos, tienen derecho a tomar decisiones y a ser escuchadas.
Este cambio de paradigma requiere un esfuerzo significativo por parte de las familias, profesionales y entidades que trabajan con personas con discapacidad. La ley exige un enfoque más personalizado, que considere la voluntad, los deseos y las preferencias de la persona en todo momento.
Las familias y los profesionales deben establecer salvaguardas adecuadas y efectivas para garantizar que el ejercicio de la capacidad jurídica de la persona con discapacidad sea real y efectivo. Esto implica no solo la promoción de la autonomía y la toma de decisiones, sino también la formación y el apoyo para los propios familiares y personas encargadas de la asistencia.
El objetivo es que las personas con discapacidad puedan desarrollar un proceso de toma de decisiones más independiente con el tiempo. Las familias, con el apoyo de los profesionales, deben trabajar para que la persona pueda ejercitar su capacidad jurídica con menos apoyo en el futuro. Este enfoque tiene el potencial de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, al mismo tiempo que respeta su dignidad y sus derechos fundamentales.
Sin duda, esta ley representa un paso hacia una sociedad más inclusiva y respetuosa con la diversidad.
