Ya queda entre los recuerdos empolvados el artículo que escribió Martín Descalzo sobre una pareja que no se ponía de acuerdo a la hora de celebrar la primera comunión de su hija. La chica, que respondía al nombre de Loly, hubo de hacer dos primeras comuniones. Una con la familia de la madre: se eligió la iglesia, el traje, la fiesta y hasta los que irían a acompañarla. A la semana siguiente hubo una nueva celebración para Loly, en un marco distinto con otro vestido de comunión y reunión de familiares y amigos por vía paterna. Si la primera cita fue ya costosa para el bolsillo materno, en la segunda, el padre hizo un alarde de bienestar económico, no exento de mensaje hacia su antigua pareja para indicarle con claridad de quién disponía de más bienes y, de paso, atraerse la voluntad de la pequeña Loly.
Y cuando parecía que era algo insólito y difícil de superar, nos encontramos con la noticia de dos divorciados que han tenido que acudir a los Tribunales para que se pronuncien acerca de qué pueblo debe ser el elegido para que la niña haga su primera comunión. Parece que lo de menos es buscar la ilusión de la niña, sentirse acompañada de su grupo de amigas que participan en la celebración como ella, verse rodeada de sus catequistas, en fin, terminar un proceso de preparación que ha estado trabajando con otras niñas de su edad y obtener el premio juntas: recibir su primera comunión.
El padre ha dejado claro, porque quiere tanto a la niña, que no se opone a que reciba a Jesucristo a través de la eucarístia, pero en otra parroquia, en la de su pueblo de origen. Si el progenitor tiene que autorizar la celebración, de paso impone su autoridad y no mide el daño que causa su ofuscación. Sus desavenencias conyugales están muy por encima de la felicidad de su hija.
En el pueblo de su padre, sola y sin amigas, la pequeña, no puede entender el castigo. Por fortuna, el juez tomó la decisión después de escuchar a la niña y dictó sentencia favorable al intelecto infantil, más lucido y juicioso que el de su progenitor.
