Las asambleas vecinales del proceso de presupuestos participativos de 2011, un total de 25 reuniones en las 14 zonas en las que se divide el municipio, comenzaron el 17 de noviembre y se desarrollarán hasta el día 30, y que culminarán con la asamblea general, de colectivos y de juventud el 1 de diciembre, decidiéndose obras en Antequera por valor de 1,2 millones de euros, según nos comunica el teniente de alcalde José Cobos Gutiérrez.
El responsable de Participación Ciudadana ha explicado que «se trata de fomentar que los vecinos tomen decisiones directamente en los asuntos del Ayuntamiento, potenciando la transparencia municipal y acercándonos aún más a las necesidades de los barrios y anejos».
Ya se han celebrado asambleas en Capuchinos, Trinidad, San Pedro y Santiago. Esta tarde tienen lugar en El Carmen, San Juan y San Miguel.
El Ayuntamiento distribuyó el pasado mes de septiembre 2.000 ejemplares del Autorreglamento de Presupuestos Participativos, la norma por la que se rige el proceso que anualmente facilita a los vecinos proponer una serie de obras en los barrios y anejos, con una financiación aproximada de 1,2 millones de euros.
El documento se puso a disposición de la ciudadanía en centro públicos municipales y sedes de asociaciones.
El reglamento ha sido promovido por el Ayuntamiento con la participación de los vecinos y las aportaciones de los grupos políticos que componen la Corporación Municipal. El objetivo es generar un espacio ciudadano de debate y decisión, en el que el órgano de base es la asamblea de zona.
La puesta en marcha de este proceso genera un modelo de municipio social, en el que se aplican los principios básicos de la cogestión pública. El personal técnico del Ayuntamiento asesora sobre la viabilidad de las propuestas. Se combina la democracia directa, mediante asambleas públicas abiertas, con la representativa.
El municipio se ha dividido en catorce zonas para llevar a cabo las asambleas vecinales y facilitar la asistencia de cualquier ciudadano. En estas zonas actúan las 29 asociaciones de vecinos de Antequera.
La participación vecinal se organiza a partir de los grupos motores, constituidos por miembros de los colectivos y personas de distintos sectores de población en cada zona, siempre que estén empadronadas y sean mayores de 14 años. Realizan tareas formativas e informativas y evalúan el proceso.
Las asambleas generales de las zonas son abiertas a todos los residentes en ellas mayores de 14 años. Es el foro donde se presentan, debaten y votan las propuestas ciudadanas. También eligen a sus representantes en la Comisión de Seguimiento. Las decisiones se toman por consenso, y sólo cuando éste no es posible se pasa a una votación.
Existen dos asambleas sectoriales, una de Juventud y otra de Colectivos, que funcionan de forma similar a las generales.
El Consejo General está integrado por representantes de la Comisión de Seguimiento, técnicos municipales (con voz pero sin voto) y responsables políticos del Ayuntamiento: el alcalde, el concejal de Participación Ciudadana, representación proporcional de cada grupo municipal; un representante de cada asamblea vecinal, tres de la de Juventud y cuatro de la de Colectivos.
Este órgano estudia la viabilidad técnica y presupuestaria de cada propuesta y emite un informe técnico detallado, que además recoge su descripción, vía de financiación, organismos competentes para realizarla y calendario de ejecución. Se reformularán las propuestas no viables para que puedan incluirse en el proceso de votación. Habrá proyectos surgidos en todas las zonas y sectores sociales, para asegurar el principio de justicia social.
La Comisión de Seguimiento y Evaluación posibilita la participación ciudadana en la fase de información, ejecución y gestión de las obras aprobadas.
Cada residente en el municipio puede presentar un máximo de dos propuestas, en las que el Ayuntamiento tenga competencias. Pueden votarlas todos los vecinos empadronados en la zona. Se votan tres propuestas, puntuándolas de 1 a 3, de menor a mayor interés.
Al resultado de las votaciones de las propuestas se aplican unos criterios para establecer prioridades: necesidad básica por la urgencia o carencia de infraestructuras y servicios (energía, agua saneamiento, residuos, accesibilidad, seguridad ciudadana…), atención especial a la población con necesidades especiales o en riesgo social (personas con discapacidad, inmigrantes, desempleados, juventud e infancia, mayores…) y mejora de la calidad de vida (educación, sanidad, vivienda, inserción laboral, diversidad, conservación del medio ambiente…).
