Cuando los nuevos presidentes regionales han tomado posesión de sus despachos, cuando lo han hecho los alcaldes de grandes –y medianas—poblaciones, se han encontrado con lo que se temía, cajones llenos de telarañas o, peor todavía, de montones de facturas por pagar. En una palabra, no tienen medios para llevar a cabo lo prometido en sus campañas y se encuentran con la dura tarea, que a nadie debe gustar, de «ajustar» plantillas, de eliminar gastos y, desde luego, muchas cosas que se organizaban porque las circunstancias lo permitían tanto como ahora lo prohíben.
En este sentido había una ley que impedía a las comunidades autónomas endeudarse más allá de cierto límite y fueron los catalanes –siempre a lo suyo— los que a cambio de un apoyo a Zapatero, le arrancaron que esa ley se burlara, cosa que ha caracterizado muchas acciones del Presidente, como no habrá que recordar, como en algunas leyes del Tribunal Supremo que no tuvo recato en decir que «ya buscaremos la forma de eludirla». Pues eso hizo con la prohibición de sobrepasar los límites de endeudamiento. Claro que, inmediatamente, las otras comunidades dijeron que «café para todos», exigiendo lo que se había permitido a los catalanes para sacar adelante proyectos más o menos necesarios. El resultado, que si gastamos más de lo que podemos y cobramos menos de lo que pensábamos, viene lo que padecemos, un caos económico que frena muchos planes.
Y empiezan a surgir medidas posibles: reducir las «carteras» de los «ministros autonómicos», recortes varios, suprimir actos habituales otros años… En fin, hay quien pide que se supriman las Diputaciones, por considerarlas inútiles, proponiendo a cambio que pueblos menores de dos mil habitantes se agrupen en consorcios para utilizar equipos, maquinaria y otros medios entre todos, en lugar de tener cada cual el suyo. Proponen lo que Archidona, el Guadalhorce, hicieron hace años, con maquinaria, por ejemplo, que a una localidad de las integradas en cada grupo sería imposible de amortizar y, entre todas, era útil, porque su uso se ampliaba a cada una de ellas.
Pensamos que las Diputaciones tenían sentido antes de que se crearan las Juntas autonómicas, que vienen a ser lo mismo, pero más grande, y es aquí donde se producen duplicidades que llevan a quienes piden desaparezca ese organismo provincial, que cuesta mucho dinero y cuyos frutos no se ven claros en muchos sitios, añadiendo enseguida que hay otros, como en Málaga, donde la Diputación apoya a las entidades menores de 20.000 habitantes, con una labor efectiva que no se da en otros sitios.
Vamos a ver en qué queda todo, pero por lo pronto los «populares» están suprimiendo, coches, dedicaciones, sueldos y gastos, en cumplimiento de lo que prometieron. ¿Será esto suficiente para sacar adelante pueblos, provincias y regiones? Vamos a ver, vamos a ver. Pero si no sólo no entra dinero sino que aparecen facturas por todos lados, malo…
