En esas encuestas que nadie sabe cómo se hacen pero que se publican de cuando en cuando, figuraban entre lo más temido por los españoles el paro, la economía y esas cosas. Pues bien; en ese ranking ha entrado una casta que, cuando menos, debería estar preocupada porque su presencia es como para pensársela. Ya lo advirtió no hace mucho el Defensor del Pueblo Andaluz a todos los políticos: «Los ciudadanos no están contentos con ustedes», recordándoles que si están en dicha institución es por voluntad de los andaluces que les pagan y les permiten una serie de privilegios que para nosotros quisiéramos.
Salvemos a los que se partan el alma por mejorar la situación, pero observemos el caso de Cataluña «la ejemplar Autonomía»: su Consejería de Economía confirmaba el lunes que no hay liquidez para los pagos de julio a las entidades sociales con las que la administración tiene plazas concertadas, como geriátricos, residencias de discapacitados y entidades de atención a enfermos mentales.
Así, las entidades no ingresarán los pagos corrientes que debían recibir el pasado martes, aunque el mes de agosto se podrá pagar «con normalidad», sin saber cuándo se podrá efectuar el pago de la cantidad correspondiente a julio. Las mismas fuentes han subrayado que el problema es «puntual» y que el consejero ha estado lidiando hasta el último momento con el departamento de Economía para conseguir los fondos necesarios, para permitir el funcionamiento de, ¡ojo!, más de 4.000 entidades, de manera que la solución que arbitran es pedir a los familiares que trasladen a los usuarios a sus domicilios hasta que se normalice la situación o que asuman los costes. Y mientras, la Generalidad, mantiene varios canales de su televisión propia con casi 300 millones de euros de presupuesto, lo que consideran más importante que atender a esos desvalidos, muchas veces abandonados por sus familias y cuyo futuro es más que incierto.
En éstas estamos cuando Odón Elorza, diputado del PSOE por Guipúzcoa, reclama a la dirección Socialista que acabe con las «injustificables» dietas de alojamiento que cobran muchos diputados «elegidos en provincias» pero que poseen uno o más pisos en la capital y siguen cobrando los 1.823,86 euros mensuales en concepto de «indemnización» para afrontar sus «gastos de alojamiento y manutención».
«La ciudadanía espera de los políticos una actitud moral ejemplar en tiempos de obligada austeridad», sostiene Elorza, con «una situación que resulta injustificable y que ha provocado indignación en la sociedad española». En esa lista entran nombre «gloriosos» de todos los grupos.
Sin comentario. ¿Se comprende por qué los políticos son unas de las mayores preocupaciones de los españoles? Aunque, repetimos, sálvense los honrados, los que están partiéndose el pecho por arreglar el tema, los que comprenden la situación, por ejemplo, de esos catalanes abandonados a su suerte.
