El grupo municipal de Adelante Antequera presenta un recurso de revisión de oficio para que se declare la nulidad del proyecto de actuación sobre la planta embotelladora, al considerar que se obvió un informe de la Consejería de Industria de la Junta de Andalucía en el que «se plantea y se recoge hasta en dos ocasiones, dominio público hidráulico en los años 2017 y 2018 y emite informe desfavorable sobre la concesión de estos aprovechamientos», expone su portavoz Francisco Matas.
Tras recibir todo el expediente completo de la embotelladora el 9 de junio, «comprobamos que efectivamente se han omitido trámites que son necesarios y que determinan la nulidad del proyecto y que además la actuación del proyecto se realiza en una zona del Plan General de Ordenación Urbana de Antequera en la que se prohíbe precisamente las actuaciones mineras», justificando su apoyo inicial y su cambio de postura al tener toda la documentación.
Desde el grupo municipal de Adelante Antequera e Izquierda Unida «hemos presentado en la mañana de hoy un recurso de revisión de oficio para que se declare la nulidad del proyecto de actuación sobre la planta embotelladora».
El anuncio de la empresa de retirar la inversión «no nos satisface desde el punto de vista jurídico ni político, ni satisface tampoco los intereses de los vecinos de la comarca de Antequera pese que hoy se ha anunciado por parte de la empresa su retirada del proyecto, nada impediría que la empresa pudiese vender este proyecto el día de mañana o que en definitiva las actuaciones que se han llevado a cabo en la tramitación de este proyecto y que son nulas de pleno derecho de manera que se pudiese reactivar en el momento que se estimase conveniente por un nuevo promotor».
Así, piden «la nulidad del acuerdo de la Junta de Gobierno celebrado el 30 de octubre de 2016 en junta extraordinaria y urgente en la que se declara la utilidad pública del proyecto y la emisión a trámite de la misma. Para la declaración de esa utilidad pública se omitió una fase que entendemos que entendemos que es fundamental, que es el dictamen de la comisión informativa correspondiente en la que estaban todos los grupos para que se pudiese posicionar sobre la conveniencia o no de tramitar ese proyecto como un proyecto de utilidad pública».
Matas cuestiona los 100 puestos de trabajo y la utilidad pública del proyecto
En todo el expediente «no se hace ni una sola mención a cuáles han sido los motivos que han llevado a declarar este proyecto como utilidad pública y por lo tanto a darle trámite como proyecto de actuación. Lejos de ser una cuestión baladí, la declaración de utilidad pública es fundamental y es un acto definitivo que determina la admisión a trámite del proyecto».
La aprobación posterior por parte del Pleno en fecha 21 de octubre de 2019, «en la que en este caso desde nuestro grupo votábamos favorablemente, no convalida la nulidad existente en el proyecto de primera hora en cuanto a esa utilidad pública».
Sobre las relaciones de puestos de trabajo «no son ciertas puesto que el propio proyecto únicamente habla de 16 puestos de trabajo y no de 100 como se plantean, puestos de trabajo evidentemente de forma directa. Además, no se hace ninguna mención a cuáles han sido las determinaciones que han llevado a declarar la utilidad pública, una clara contradicción con la jurisprudencia existente tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que declara que deben ser, a la hora de la declaración de utilidad pública, muy concretados cuáles han sido esos elementos que han llevado a la formación de la voluntad. Una voluntad que ha sido viciada porque se ha hurtado de la posibilidad de los grupos de la oposición de poder intervenir en el debate sobre la utilidad pública».
Justifica su respaldo plenario porque «se omitió el informe emitido por la Consejería de Industria en la que se plantea y se recoge que hasta en dos ocasiones, dominio público hidráulico en los años 2017 y 2018 emite informe desfavorable sobre la concesión de estos aprovechamientos».
Este expediente lo han conocido el 9 de junio, «cuando el Alcalde en un acto de transparencia, decide colgar en su twitter y envía vía we transfer un enlace con el expediente completo. El expediente tanto de la admisión a trámite que no habíamos tenido conocimiento hasta el 9 de junio como del proyecto de aprobación del proyecto y de la licencia de obras».
Al ver el expediente completo es cuando «comprobamos que efectivamente se han omitido trámites que son necesarios y que determinan la nulidad del proyecto y que además la actuación del proyecto se realiza en una zona del Plan General de Ordenación Urbana de Antequera en la que se prohíbe precisamente las actuaciones mineras».
Por lo tanto, «nosotros todas estas razones son las que hemos puesto en este recurso y revisión de oficio que presentamos al Pleno del Ayuntamiento de Antequera para que el Ayuntamiento de Antequera declare la nulidad del propio proyecto de actuación y de la actuación que se pretendía llevar a cabo».
