No cabe duda de que todos estamos de acuerdo en que el «Derecho a Vivir» es un derecho básico y fundamental del ser humano, de cualquier persona. Ninguna persona por razón de edad, sexo, raza, estado de salud o situación social, puede ni debe ser tratado sin la dignidad propia de cualquier persona, ni debe ser discriminado; cuánto menos negarle el «Derecho a Vivir».
Gracias a la evolución social y a las luchas justa a lo largo de la historia, se ha conseguido erradicar en la mayoría de los países llamados desarrollados, la pena de muerte y la esclavitud, que han sido y siguen siendo en muchos países una verdadera plaga. Ningún ser humano puede considerar a otro ser humano como un ser inferior o de segunda clase, negándole los derechos básicos, y menos aún el principal, el «derecho a la vida».
No obstante, este reconocimiento del «derecho a la vida» de toda persona, ese avance en eliminar la pena de muerte de las leyes de los países, no lo respetamos, e incluso, me imagino que para acallar nuestras conciencias, lo disfrazamos e invertimos camuflándolo bajo el disfraz de Derecho (falso). Esto es lo que nuestra sociedad y nuestros legisladores han hecho con la pena de muerte más cruel que sobre una persona, un ser humano absolutamente indefenso, sin posibilidad de defenderse o de opinar, es el aborto. ¿Cómo podemos permitir que ningún gobierno, en aras de un progresismo falso, imponga una cultura de la muerte, despenalizando la pena de muerte y convirtiéndola en derecho a quitar la vida a otro ser humano?
Todos condenamos cualquier tipo de violencia. Nunca la violencia o el uso de la fuerza puede justificarse para imponer la voluntad de un ser humano sobre otro. Tenemos que ser tajantes ante la plaga social que supone cualquier tipo de violencia. Debemos exigir que la justicia y las fuerzas de orden público sean implacables ante la violencia. Tenemos que educar a nuestros hijos en la cultura de la vida y del amor al prójimo como base fundamental para que en nuestra sociedad se elimine la violencia y predomine la convivencia en paz y respeto a los que nos rodean. Tenemos que ser las familias los agentes responsables de sanar a nuestra sociedad enferma. La familia debe ser eje y ejemplo de convivencia. Tenemos nosotros que reeducarnos en el amor y la caridad con los que nos rodean.
No deja de ser incongruente, incomprensible e intolerable, que una persona que ha luchado por el «Derecho a Vivir» y por la dignidad de la persona en cualquier etapa de su vida, sea la última víctima mortal en nuestro país de la violencia ejercida por su expareja, de la llamada «violencia doméstica», como si la violencia que termina con la vida de una persona se pueda catalogar en grados o prioridades. El «Derecho a Vivir» ha perdido a una persona comprometida, coherente y consecuente. Todos hemos perdido a otra persona de la forma más injusta e intolerable, porque la vida de una persona, cualquiera, no importa su edad, sexo, raza, situación de salud o social, no tiene precio y es el bien más importante para la sociedad. Todos somos criaturas de Dios.
No podemos seguir siendo cómplices, con nuestro silencio, e insensibles ante las injusticias. Es necesario que los ciudadanos responsables exijamos a nuestros gobernantes que cumplan con su obligación haciendo leyes justas, eliminando la leyes injustas, poniendo los medios necesarios para la dignificación de las personas, y promoviendo la cultura de la vida. Que no olviden nuestros gobernantes que han sido elegidos para gobernar de acuerdo a lo que la sociedad les exige, que están a nuestro servicio, no nosotros al servicio de los gobernantes. El haber sido elegidos democráticamente no es un cheque en blanco que se les entrega. Ellos se deben al pueblo que les depositó la confianza.
«In memoriam». Susana siempre estarás en nuestro corazón. Dios sabrá recompensarte todo lo que has hecho por el «Derecho a Vivir y la dignidad de la persona». Descansa en paz. Tu labor no ha caído en saco roto. Gracias por tu entrega.
