El Tribunal de derechos humanos de Estrasburgo hizo lo único que podía hacer: derogar la doctrina Parot, por haberse aplicado con retroactividad.
No podemos culpar a los jueces de Estrasburgo. El problema lo creamos en España hace algunas décadas. Los primeros años de nuestra democracia fueron un caldo de cultivo de idealistas, utópicos y soñadores.
Un grupo de políticos ignorantes de la historia, de la condición humana y de las consecuencias de sus actos, resentidos contra todo lo que recordaba el antiguo régimen, se propusieron que a España no la reconociera ni la “madre que la parió”.
Y así fue. Felipe González, Alfonso Guerra, Iñaki Gabilondo, otros muchos “progres” y la prensa en general, crearon un ambiente que hizo posible que, en el código penal del 95, la pena máxima fuera de 30 años y se aplicaran los beneficios penitenciarios a discreción.
A pesar de que ETA había asesinado a casi mil inocentes, aún no se contemplaba por parte de los políticos la cadena perpetua ni siquiera lo que se ha legislado en el nuevo código penal.
Era impensable que, lo mismo que se reducen las penas para los arrepentidos, se debería exigir el cumplimiento íntegro de las penas a los terroristas que persistan en su idea de reincidir. Al no ser así, lo mismo da matar a 1 que a 24.
Que 4.000 años de condena se reduzcan a 16. Que brindar con champán un condenado en la celda al tener la noticia de un nuevo atentado, pasara desapercibido a los responsables de que se haga justicia. Esto es de lelos, señor Gonzalez.
Pero esos lelos repletos de “buenismo”, no salen ahora avergonzados ante los ciudadanos a reconocer el daño que hicieron a la sociedad al legislar aquella bazofia intelectual.
Si lo hicieran, darían un ejemplo para que en el futuro estas ligerezas no se volvieran a repetir. Habríamos aprendido algo de su ignorancia.
PEDRO VERGARA CARVAJAL
