La aplicación de la Reforma Local puede suponer la pérdida de más de 200 empleos en los ayuntamientos de Antequera y la comarca, y la posibilidad de la pérdida de competencias en servicios públicos como la atención social, educación, dependencia o sanidad. El número de trabajadores municipales es de 1.200 aproximadamente, según comunicado del Departamento de Comunicación del Departamento de Comunicación de UGT Andalucía.
«Juan Miguel Martín Jiménez, responsable de Administración Local en la ejecutiva de FSP-UGT Málaga, ha explicado que “esta pérdida de empleos no sería inmediata, pues depende en parte de los plazos fijados por la Reforma Local, y en buena medida por la forma en que se aplique por cada ayuntamiento. Son tantos los recovecos de esta ley que se abre un período de gran incertidumbre, tanto para los trabajadores municipales como para los ciudadanos que verían mermados los servicios públicos que reciben”.
UGT está distribuyendo en la comarca, a través de sus secciones sindicales en los ayuntamientos, la Guía de la Reforma Local en 116 preguntas claves, para mantener informados a los trabajadores municipales sobre las consecuencias de esta ley.
La mayor pérdida de competencias, que serían asumidas por la Diputación Provincial o por la Junta de Andalucía, puede darse en los municipios de menos de 20.000 habitantes, pero en los de mayor población también existe la posibilidad de que se produzca esta circunstancia.
Por ejemplo, los convenios y acuerdos suscritos entre los ayuntamientos y las comunidades autónomas o el Estado se adaptarán a la Reforma Local a fecha 31 de diciembre de 2014 o quedarán sin efecto. Y a 31 de diciembre de 2015 las comunidades autónomas habrán asumido las competencias en materia de Servicios Sociales. Pueden delegarlas, en efecto, en los ayuntamientos mediante acuerdos, pero sujetos a una serie de requisitos sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. “El criterio económico, y no el de servicio público, será pues el determinante”, ha señalado Sánchez.
En cuanto a las empresas municipales, si tienen desequilibrio económico deberán corregirlo, con fecha límite en el 31 de diciembre de 2014. Si esto no se cumpliera, el 1 de diciembre de 2015 quedarán automáticamente disueltas. Estos plazos se verán ampliados en un año si las empresas se encargan del abastecimiento domiciliario y depuración de aguas, la recogida, tratamiento y aprovechamiento de residuos o el transporte público de viajeros. Ramón Sánchez, responsable comarcal de UGT, ha alertado sobre el riesgo de que los servicios que ofrecen estas empresas municipales sean entregados al sector privado, “en el que se busca ante todo la rentabilidad económica, quedando la rentabilidad social en un segundo plano muy peligroso”.
UGT ha cifrado en 40.000 empleos los que la Reforma Local pone en riesgo en toda Andalucía, y 400.000 en el conjunto de España. A esto se añaden las dudas sobre si la norma se ajusta a la Constitución, dado su acusado cariz centralizador con la invasión de competencias municipales y autonómicas.
De hecho, al reciente recurso de la Junta de Andalucía ante el Tribunal Constitucional hay que sumar los del PSOE, PSC, IU, ICV, CHA, UPyD, CiU, ERC, BNG y CC-NC, Compromís-Equo, la Confederación de Agrupaciones y Partidos Independientes (CAPI) y de la Federación de Entidades Locales Menores (FEEM), avalados por 2.000 ayuntamientos, que representan a 15 millones de ciudadanos», termina el comunicado del Departamento de Comunicación del Departamento de Comunicación de UGT Andalucía.
