Las más de 700.000 personas con discapacidad, y sus familias, con motivo de la conmemoración de este día, hacen un llamamiento a los poderes públicos para que en Andalucía los avances conseguidos en materia de derechos no se vean amenazados.
Así, reconociendo que nuestra Comunidad Autónoma se encuentra entre las primeras en la gestión del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y es pionera en la publicación de normativa a favor de la igualdad de oportunidades, como lo demuestra la aprobación, el pasado día 23 noviembre, de la Ley por la que se regula el uso de Lengua de signos española y los medios de apoyo a la comunicación de las personas sordas, con discapacidad auditiva y con sordo ceguera, reivindicamos:
Mantener las conquistas. Las personas con discapacidad y sus familias siguen siendo un grupo social con dificultades para ejercer sus derechos básicos y libertades fundamentales y para acceder a los bienes, productos y servicios que se consideran como normales para toda la población. La gravísima crisis económica y de empleo que padecen España y Europa estos últimos años tiene un impacto mucho mayor en las mujeres y hombres con discapacidad y sus familias, que ven peligrar o en riesgo de retroceder las conquistas sociales y de derechos obtenidas a lo largo de los últimos tiempos, gracias a la lucha sostenida del movimiento social de la discapacidad. Estos avances han de ser mantenidos a toda costa como logros irrenunciables y no son susceptibles de reducción o recorte; los poderes públicos han de preservar ese nivel de derechos y apoyos e incrementarlo con políticas y legislaciones enérgicas de inclusión.
Los recortes que en el ámbito de la discapacidad han venido produciéndose en mayor o menor medidas y con diferentes intensidades según los territorios, en los últimos tres o cuatro años han comprometido la sostenibilidad de servicios y dispositivos de apoyo a personas con discapacidad y a sus familias, sobre todo los gestionados por estructuras del tercer sector no lucrativo. Estos recortes debilitan los niveles de inclusión social conseguidos con tanto esfuerzo en los últimos tiempos y pueden originar un proceso progresivo de desmantelamiento de recursos y apoyos de consecuencias impredecibles para el bienestar social de las mujeres y hombres con discapacidad y sus familias.
Compromiso firme de los poderes públicos. Los Poderes Públicos deben comprometerse firmemente con los objetivos de inclusión de las personas con discapacidad y sus familias mediante el desarrollo de legislaciones, políticas, estrategias y decisiones reforzadas que mantengan la discapacidad en puestos relevantes y permanentes de la agenda política. La crisis económica y social no puede servir de coartada o pretexto para detener las políticas públicas de discapacidad y menos aún para reducir los derechos sociales o la intensidad de apoyos y recursos que deben recibir las mujeres y hombres con discapacidad para asegurar su proceso de inclusión en la comunidad y un nivel de vida digno.
Por una auténtica autonomía personal. En especial, la Ley 39/2006 y el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia que ésta crea, no necesita recortes, moratorias o replanteamientos a la baja, sino un impulso político y presupuestario decidido para consolidar definitivamente un nuevo dispositivo de protección social que tiene que dar una cobertura suficiente y digna a enormes necesidades sociales. Todo ello, sin que se resientan o debiliten las políticas de discapacidad, que es una realidad más amplia y numerosa. La discapacidad y las políticas de discapacidad tienen sustantividad y perfil propios, y no pueden confundirse o desdibujarse con la atención a la dependencia, que es sólo una parte de las políticas sociales de inclusión.
La permanencia de la visión de derechos humanos. La forma de abordar la discapacidad es el enfoque de derechos humanos. Las legislaciones, las políticas y la acción pública hacia las personas con discapacidad y su entorno familiar han de ir impregnadas de esta visión de derechos.
Este enfoque de derechos humanos tiene su plasmación política y jurídica en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006, que forma parte del Derecho interno, al haber sido firmada y ratificada por España. En la próxima Legislatura, habrá que aprobar un nuevo bloque legislativo de adaptación y ajustes normativos a las Convención –tanto en el plano estatal como en el autonómico–, que comprendan esferas como la igual capacidad jurídica, las leyes civiles, el Código Penal, la legislación educativa, entre otras.
CERMI ANDALUCÍA, Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad
