Se suspende la presentación del Presupuesto del Ayuntamiento de Antequera para el año 2022, que estaba previsto anunciar para este viernes, ante la incógnita de saber qué pasará con el impuesto de plusvalía que podría dejar de tener que pagarse a los ayuntamientos.
Según Francisco Jiménez en Diario Sur, “el Tribunal Constitucional ha logrado algo histórico: poner de acuerdo a todos los alcaldes del país con independencia de su color político. La reacción unánime de los ayuntamientos ante la sentencia que anula el impuesto de la plusvalía municipal tal y como está concebido a día de hoy ha sido la de exigir al Gobierno central que active los mecanismos de financiación necesarios para tapar el agujero que va a generar en las arcas locales dejar de cobrar este tributo que hay que pagar cuando se vende o hereda un inmueble”.
Por su parte, el alcalde de Antequera Manuel Barón insta al Gobierno que, de ser así, que compense a los consistorios la disminución de ingresos para mantener los servicios a los ciudadanos. En el caso de Antequera, son 1,36 millones de euros los que se perderían de ingresos y gastos de los 42,4 millones del global.
Paralización de los Presupuestos de 2022
La primera repercusión será paralizar la aprobación de las cuentas para 2022. “Teníamos previsto presentar el proyecto de Presupuestos Municipales del Ayuntamiento de Antequera para el año 2022 el viernes, evidentemente he dado orden de que se paralice por esa sentencia del Tribunal Constitucional”, hasta que conozca la repercusión. Por lo que esta vez no se podrá hacer en fecha y forma como Barón apunta que venían realizando desde el año 2012.
Por ello ha pedido un informe a Tesorería “para que me diga la repercusión en base a la plusvalía y con referencia a las posibilidades del año 2022, si va a ver carencia o si va a ser de manera inmediata”, sigue Barón.
Se muestra totalmente de acuerdo “de que si hay algún tipo de impuesto que sea injusto, que los ciudadanos no lo paguen. Pero si los ciudadanos no lo pagamos, el Ayuntamiento no lo ingresa y lógicamente se resienten los ingresos lo que repercute en los gastos que son los servicios que presta el Ayuntamiento”.
Por ello, espera conocer la solución a la disminución de ingresos. Barón apunta que cuando Aznar gobernaba, “suprimió el IAE (Impuesto de Actividades Económicas) a las empresas que facturaban menos de un millón de euros y compensó a los ayuntamientos. Pues que haga lo mismo el señor Sánchez”. Confía en que si sigue lo anunciado, se compense aumentando la participación de los tributos del Estado.
No entiende cómo se anuncia ahora “cuando los 8.000 ayuntamientos de España estamos inmersos en la confección de los presupuestos para el próximo año”, además del resto de administraciones públicas. “¿Sacar esta sentencia ahora? Ha tenido tres años el Gobierno de España para establecer algún mecanismo de compensación o de solución a un recurso que sabía que les venía encima. Este Gobierno no ha hecho nada”, lamenta Barón que surja este problema en un mes de presupuestos, tras tiempo conociendo que podría pasar y que no se ha dado la solución.
Clara Alba, también en Diario Sur, amplía que el Tribunal Constitucional “ha dado un golpe casi definitivo al Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVITNU), conocido popularmente como la plusvalía municipal”.
El Pleno ha decidido “declarar inconstitucionales y, por lo tanto nulos, varios artículos que establecen cómo se calcula este tributo que aplican los ayuntamientos sobre el incremento del valor de los terrenos cuando se hereda, se vende o se dona un inmueble. Y que supone una buena parte de los ingresos para las arcas públicas locales, de unos 2.500 millones de euros anuales”.
Una polémica que dará mucho que hablar en las próximas semanas hasta que se conozca la solución al problema de los consistorios.
