A mes y medio de los resultados electorales llega la recogida de unos frutos que hunden sus raíces en una tierra que se puso en venta en la anterior legislatura cediendo potestades y ahora nos expolian haciéndonos reconocer que hemos sido un país opresor. ¿Se puede permitir tal atropello? La amnistía, la autodeterminación, el acercamiento de los presos de ETA, sí, presos de ETA (aquellos que dejaron cientos de familias destrozadas), son algunas de las cartas que nos ponen sobre la mesa para que el presidente en funciones siga aferrado a un sillón.
Dando por hecho los populares y no populares que Feijóo no podrá ser investido, la extrema izquierda lleva maniobrando y tejiendo de forma inaudita numerosos encuentros con los que convencer y vender bien a los españoles que hay que dialogar, perdonar y aceptar a todos para que no haya unas nuevas elecciones. No puede cuestionarse que el voto de las minorías deba ser escuchado pero, de igual forma, no pueden tener hipotecadas las decisiones de los españoles para los cuatro próximos años. ¿Cómo es posible que desde el mismo gobierno del PSOE (o lo que de él queda) no se hayan echado en masa a expulsar a un presidente que está tirando por tierra todo el trabajo de la Transición?
El marco constitucional español debe permitir cualquier maniobra que se ajuste a la ley. Ahora bien, ¿es respetable y aceptable que la nueva condesa gallega, la señora Yolanda Díaz, se presente ante un prófugo, ante un golpista, se haga una foto y ningún representante del gobierno denuncie o la expulse de forma inmediata? La visita a Bruselas de la vicepresidenta ha abierto una vía que obligará a pagar un peaje hasta ahora nunca visto.
España y los españoles parecen mantenerse al margen de lo que se nos viene. Los diputados en Madrid terminarán escuchando el catalán; la integridad española acabará totalmente cuestionada y asistiremos a la victoria de las minorías que se imponen a la mayoría en un ejercicio antidemocrático, pues la democracia se sustenta sobre el principio del respeto hacía todas las minorías, pero no a que las anteriores se acaben haciendo con el control de las mayorías.
Conociendo los resultados electorales los dos partidos deberían haberse sentado a negociar para acercar posturas, reformular el programa y llegar a acuerdos. Y, sobre todo, dejar bien claro que no sería posible reunión alguna mientras Carles Puigdemont fugado de la justicia pusiera sobre la mesa alguna demanda. No renunciarán a la amnistía ni al derecho a la autodeterminación. Y, con esas premisas, se acabará convenciendo al pueblo español de que hubo que dialogar, perdonar y permitir que los catalanes hicieran sus votaciones. El futuro de España lo decidirán golpistas y antiespañoles a los que tendremos que aplaudir en lugar de pedirles explicación por los delitos cometidos. ¡No podemos permitir tales abusos!
